Guadalajara, Jalisco.

A transcurrido un año de los desalojos de 70 familias de la colonia La Floresta del Colli y las autoridades de Zapopan, Jalisco y Conagua se niegan a brindar apoyos a los afectados, así lo dijo la asesora legal de los vecinos, quien además señala que actuaron ilegalmente, ya que estas personas no invadían zona federal y muchas de ellas cuentan con títulos de propiedad avalados por el Registro Agrario Nacional (RAN).

Carla Escoffié insistió en que la forma en que estas familias fueron desalojadas fue un abuso de poder, ya que no fueron notificadas y se les violentó su derecho a la legítima defensa.

"No es justificación porque tendrían que haberles notificado y haberles permitido ejercer medios de defensa, pero además no es verdad que todas las familias en La Floresta no tengan títulos de propiedad. Hay muchas que los tienen, hay muchas que como aquí ya mencionaron tenían documentos suficientes para demostrar que legalmente tenían el derecho de estar en la zona y aun así se les desalojó de manera indiscriminada, arbitraria y no se les dejó ningún tipo de documento en el cual se fundamente por qué se les estaba sacando, absolutamente nada".

A lo largo de este año, las personas que fueron desalojadas no sólo perdieron sus hogares, también sus negocios, ya que muchos se dedicaban al comercio y éstos se encontraban en sus viviendas.

El señor Jesús Arturo López Ramírez ha tocado las puertas de Zapopan, Jalisco y el gobierno federal y todas les han sido cerradas.

"Conagua nos ha cerrado las puertas, nunca hay representantes en la queja de Derechos Humanos, la respuesta de ellos fue que Conagua fue el responsable, pero éstos no dan la cara y nunca se ha pronunciado en el contexto de su responsabilidad y pues seguimos en lucha, en el gobierno del Estado nos cerraron la puerta y nos dijeron que ellos tampoco tenían responsabilidad", señaló Jesús, vecino desalojado de La Floresta Zapopan.

Aunque ya cuentan con una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aún no tienen respuesta, además el amparo que interpusieron se encuentra vigente, por lo que esperan que al tener la resolución, las autoridades asuman su responsabilidad y reparen el daño de estas 70 familias.