Guadalajara, Jalisco.

Entre impugnaciones a los nombramientos realizados por el Congreso, entró en vigor, pero a medias, el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

No sólo el proceso de Fiscal Anticorrupción está impugnado. También los titulares de los órganos de control interno, conocidos coloquialmente como contralores.

La contralora del Instituto de Transparencia de Jalisco, Martha Patricia Armenta de León, también está impugnada. En este caso fue uno de los aspirantes al cargo, que quedó inconforme porque no fue nombrado. Se trata de Luis Guillermo Saldaña Moreno que presentó el juicio de amparo 3678/2017 en contra de la resolución del Congreso y contra el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, documento del cual Señal Informativa tiene copia. La demanda fue admitida en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y la audiencia constitucional está marcada para el 22 de enero.

Así mismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) impugnó el nombramiento de Jesús Brizuela, con el argumento de que invade la autonomía de este organismo.

El primer visitador de la CEDHJ, Eduardo Sosa Márquez, se abstuvo de difundir ante que instancia jurídica se presentó el recurso, por sigilo de la investigación.

Aclaró que no van contra la persona, pues respetan el perfil de Brizuela. Más bien van en contra del procedimiento.

El otro caso es el del contralor del Tribunal Electoral, Manuel Rodríguez Murillo, a quién se le impidió acudir a tomar posesión a pesar de tener su nombramiento por el Congreso. El Tribunal aseguró que existen una resolución de Sala Superior que decreta inválida la designación, tal y como lo dio a conocer Señal Informativa.

Rodríguez Murillo presentó un recurso jurídico y aunque se le admitió el amparo se le negó la suspensión provisional ayer miércoles.

Esos titulares de órganos de control interno son importantes, porque no solo fiscalizan los recursos de los organismos constitucionales autónomos, sino que también se encargan de presentar denuncias por actos de corrupción ante la Fiscalía. Sin embargo, los nombramientos están en vilo.

Además, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa solo cuenta con dos magistrados: Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jiménez Gutiérrez. Los diputados no han podido ponerse de acuerdo para nombrar al tercer magistrado.

A esto se suma el proceso de nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Aunque el Congreso votó a favor de Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, no se le pudo tomar protesta y mucho menos ha entrado en funciones porque Gabriel Valencia, hermano del diputado Augusto Valencia obtuvo una suspensión provisional y el juicio de amparo no ha concluido.

El único que si pudo asumir sus funciones fue el Auditor Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, quien cuenta con un currículum sólido y un postdoctorado en fiscalización y experiencia en la Auditoría Superior de la Federación. El estará ocho años al frente de la Auditoría Superior del Estado y tiene como desafío devolverle la credibilidad a esta institución.