Villa Guerrero, Jalisco.

Desde que los pueblos tepehuano y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, iniciaron los trámites para que les fueran devueltas 38 mil 240 hectáreas tierras ancestrales en 2015, han sido víctimas de hostigamiento y violencia por el gobierno municipal y pequeños propietarios, informó la misión de observación de derechos humanos.

La misión que acudió a Azqueltán -a 250 kilómetros al norte de Guadalajara- los días 14 y 15 de mayo estuvo integrado por observadores de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

El secretario ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez, señaló que el conflicto entre comuneros tepehuanos y wixárikas con pequeños propietarios está creciendo y puede tener consecuencias trágicas.

“Escuchamos innumerables relatos de violaciones a los derechos humanos por parte de la presidencia municipal, los abusos que se dan entre los pequeños propietarios y algunos terratenientes de la zona. También escuchamos como es que personas, a partir de los juicios agrarios que todavía están sin concluir, abusan, y cómo es que esta situación origina que se den intentos de homicidio, privaciones de la libertad”, dijo Ríos Martínez.

La asesora de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, Quetzal Prado, explicó que tepehuanos y wixárikas reclaman juntos que se haga valer el título de la corona española de 1733 que les reconoce 38 mil hectáreas de tierra, documento que fue declarado auténtico por el Gobierno de México en 1954. También criticó que las autoridades no se han esforzado por darle certeza jurídica a los comuneros.

“El trasfondo de esto es un problema agrario. Los pueblos con inseguridad jurídica sobre sus tierras padecen más violaciones a los derechos humanos, porque el hecho de que no tengan un documento para acreditar su propiedad, no les da derecho a programas gubernamentales ni autorización para explotar sus propios recursos”, añadió.

- El Estado de Jalisco no tiene competencia: CEHDJ -

El conflicto entre comuneros tepehuanos y wixárikas con pequeños propietarios es resultado de un sistema agrario que no garantiza los derechos de las comunidades, acusó el presidente de la CEDHJ, Francisco Hernández Barrón.

“Como Comisión Estatal no tenemos competencia”, dijo Hernández Barrón, quien señaló que los asuntos agrarios son del ámbito federal, aunque prometió darle seguimiento al conflicto al integrar denuncias de los comuneros y pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno federal.

El presidente de la CEDHJ criticó que, en otro conflicto agrario similar, el que sostienen las comunidades wixárikas de Teponahuaxtlán y Tuxpan con ganaderos en los límites con Nayarit, “aun con la sentencia en la mano” no se les restituyen sus tierras a las comunidades originarias.

“Entendemos su forma desesperada de tratar de llamar la atención a las autoridades. Ese asunto, en particular, se arregla con dinero para indemnizar a los propietarios, que en este momento están en disposición de entregar los predios con paz, pero con dinero”.

Ríos Martínez, dijo que en los próximos días presentarán un informe con mayor argumentación y que se lo harán llegar a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.