Gobierno chileno considera ataque terrorista una quema de camiones y máquinas




Santiago de Chile, Chile.

Dieciseis camiones y máquinas fueron quemados en la madrugada de este lunes en el sur de Chile, en una zona donde grupos radicales mapuche reivindican terrenos por derechos ancestrales, en un hecho calificado como un ataque "terrorista" por el gobierno.

"Esto es un ataque terrorista (...) No es un delito común. Es un hecho premeditado, estudiado", dijo el intendente (gobernador) de la región Araucanía, Luis Mayol.

De acuerdo a la policía, entre ocho y 10 encapuchados ingresaron de madrugada a una empresa arenera, intimidaron al cuidador, dispararon y procedieron a quemar doce camiones y cuatro máquinas retroexcavadoras.

En el lugar, de acuerdo a Mayol, se encontró un panfleto de apoyo al machi (o curandero) mapuche Celestino Córdova, condenado como uno de los autores del asesinato de un matrimonio de ancianos en esa misma zona en 2013, que habría estado firmado por el grupo radicial mapuche 'Cordinadora Arauco Malleco (CAM)'.

La CAM reclama territorios que considera propiedad de indígenas mapuches -la mayor etnia chilena- por derechos ancestrales. En la zona, a través de ataques a maquinaria, la organización ha logrado desalojar a empresas forestales y mantener el control territorial en algunos lugares.

En una reciente visita a esta región, el presidente Sebastián Piñera, anunció un proyecto para ampliar la severa ley antiterrorista aplicada casi en exclusiva a indígenas mapuches en el marco de sus protestas por la reivindicación de tierras en el sur del país.

La iniciativa amplía la severa normativa impuesta bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para combatir a grupos insurgentes.

La justicia investiga varios de estos ataques, pero hasta ahora no ha logrado comprobar que detrás de ellos estén grupos terroristas.

El líder de uno de los grupos radicales mapuches que operan en la zona, Héctor Llaitul, fue detenido por mes y medio el año pasado acusado de la perpetración de varios ataques, pero fue absuelto sin sanción al estimarse que la Policía manipuló las pruebas en contra de él y de otros diez acusados, en un caso que levantó una fuerte interrogante sobre la actuación policial en el sur chileno.