Crisis política Chile
Fotografía: AFP
Santiago, Chile.

Un clima de violencia, angustia y esperanzas prevalece en Chile, un país que después de tres meses del estallido de la crisis más grave en sus 30 años de democracia parece estar en el diván, soltando rabia y reproches a un modelo económico que ignoró su bienestar social.

Este país de casi 18 millones de habitantes ha sido junto a Uruguay el más institucionalista de América Latina, pero la remezón social que vive desde el 18 de octubre tras un inesperado estallido popular, ha cambiado de un plumazo su organización e impera la incertidumbre sobre el final de la crisis.

El presidente Sebastián Piñera, que cumple su mitad de mandato en marzo, es el mandatario peor evaluado desde el retorno de la democracia en 1990, con solo 6% de aprobación.

La confianza en Carabineros de Chile, la policía admirada por 57% de la población en agosto de 2015, hoy es una de las instituciones más desprestigiadas con solo 17% de respaldo, en medio de un clima de protesta que no cesa, con episodios muy violentos, según reveló esta semana la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

“Esta institucionalidad que muchos destacaron de Chile es tan rígida, tan sólida en su estructura, que tiene problemas para lidiar con un terremoto social como el actual”, explica a la AFP Matías Fernández, profesor de sociología en la Universidad Católica.

Según Fernández existe “todo un sistema político que está incapacitado, que ha tenido muchísimas dificultades para tratar este terremoto social porque no tiene las herramientas para procesar la información, para procesar las demandas con mecanismos que no sean los que han estado históricamente establecidos”.

Las conversaciones sobre política y actualidad nacional están a la orden del día en un país donde en diciembre de 2017, cuando el derechista Piñera ganó las elecciones presidenciales, una de las principales preocupaciones era la delincuencia (con uno de los índices más bajos en la región) y que tenía poco interés en discutir cambios a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“No sé cómo vamos a salir de esto que nos pasa, ojalá sea bien para todos los chilenos”, dice a la AFP Cecilia Vergara, una arquitecta de 40 años, a quien no le gusta salir a protestar pero apoya las demandas sociales que reclaman los manifestantes, sin líderes y sin partidos, tres meses después del estallido.

– Incertidumbre –

En tres meses ningún político de derecha, de centro ni de izquierda ha logrado apropiarse del reclamo callejero. Los manifestantes se siguen autoconvocando por redes sociales y los viernes suelen ser días de concentraciones, con enfrentamientos con la policía en las cercanías de Plaza Italia, en el centro de Santiago y llamada “Plaza de la Dignidad” desde octubre.

Hoy prevalece la “incertidumbre, esta especie de tensión entre la esperanza y la preocupación o el desasosiego que ha caracterizado la situación del país desde que empezó esto”, sostiene el sociólogo.

En los tres meses de crisis han muerto 29 personas, miles han quedado heridas y más de 350 han resultado con heridas graves en los ojos por perdigones o bombas lacrimógenas en los enfrentamientos con la policía.

Un plebiscito previsto para el 26 de abril, que decidirá si se cambia o no la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, luce como el único plan concreto con miras a bajar la tensión política y social, aunque muchos dudan si logrará ese cometido.

En respuesta a su mal momento, Piñera aseguró el jueves que entiende que “los chilenos no estén contentos con lo que ha pasado, yo tampoco estoy contento”, dijo al afirmar que está dispuesto “a poner manos a la obra para ayudar a los chilenos a resolver sus muchos problemas, ayudarlos a aprovechar sus muchas capacidades y también ayudarlos a cumplir sus sueños”.

El flojo apoyo a Piñera, un millonario empresario de 70 años, se explica por un “castigo transversal” a su gestión de gobierno y a toda la clase política chilena, ante las masivas manifestaciones, explicó Ricardo González, coordinador del Área de Opinión Pública del CEP, quien presentó el estudio realizado entre el 28 de noviembre y el 6 de enero, en plena crisis social.

Las dos encuestas divulgadas esta semana señalan que entre un 55% y más del 60% de los encuestados aprueba las protestas. Un 38% manifestó que el estallido social se produjo por el malestar de la población ante la desigualdad de ingresos y un 16% por las bajas pensiones.