Guadalajara, Jalisco. 

El acoso sexual y la violencia de género son problemas que no solo perjudican a quien las padece de forma directa, sino también a la sociedad en general, puesto que este tipo de situaciones en el contexto de la función pública inhibe a las mujeres de participar en la política aunque tienen derecho a ello.

Así lo planteó la ex consejera electoral Beatriz Rangel quien acompañó a colectivas feministas a pedir la destitución del alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, luego de acosar sexualmente e instigar a una funcionaria del ayuntamiento.

"Se trata de un tipo de violencia, acoso, hostigamiento laboral que también impacta en sus derechos político electorales (…) Este tipo de conductas que sufren de parte de quienes perciben a las mujeres como sujetos susceptibles de ser agredidas impiden el desarrollo de sus carreras políticas y en algún momento las inhiben de aspirar a un cargo de elección y eso es gravísimo".

La también activista por los derechos de la mujer mencionó que hay una red nacional de candidatas para respaldar a las mujeres en sus aspiraciones políticas y darles voz en caso de que alguna sufra violencia política de género, con miras a acompañarla en el proceso de denuncia y de esa forma ir desnaturalizando la misoginia.

"Dicen de pronto los partidos 'es que no hay mujeres', no nos sorprendamos de que no hay mujeres, no hay mujeres porque hay estas situaciones de violencias institucionales que de antemano generan temor frente a estas acciones porque se percibe además que para participar hay que tolerar, hay que normalizar y eso lesiona este propósito de la democracia paritaria".

Aunque actualmente está vigente una reforma que impide a políticos contender por un cargo de elección popular cuando tienen antecedentes de violencia política de género, hasta la fecha en Jalisco solo existe un referente de ese tipo. Se trata de Héctor Álvarez, actual alcalde de Zapotlanejo, quien luego de agredir verbalmente a una regidora el Tribunal Electoral dictó una sentencia donde le pide revertir sus conductas, aunque fue criticado por activistas por no ser un resolutivo que sancionara con mano dura al funcionario, sí fue suficiente para que pierda su derecho a ser votado en el futuro.