Ciudad Juárez.

Un año después del incendio en el que murieron 40 migrantes en un establecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, los deudos y lesionados siguen reclamando justicia y que los funcionarios responsables sean sancionados.

En el lugar del incendio ocurrido a pocos metros del puente internacional Lerdo-Santon, en Ciudad Juárez, aún quedan vestigios del siniestro. Un pequeño pendón con el nombre de una de las víctimas, José Pedro Rivera García y una flor siguen colgando de la malla ciclónica que rodea el centro de detención donde fallecieron los 40 migrantes.

Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), explicó que hasta ahorita solo se ha indemnizado a algunos familiares de migrantes fallecidos que provenían de Guatemala, pero que no ha sido lo mismo con los de Honduras ni de El Salvador ni los sobrevivientes.

“Es una cantidad unificada para todos los sobrevivientes y eso otra vez nos habla de la falta de trabajo de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, porque debería ser una cantidad diferenciada dependiendo de si la persona tenía 5 hijos, si se hacía cargo de su mamá. Es decir, no se revisaron las condiciones caso a caso”, señala.

Dijo que la mayoría de los 27 lesionados en el incendio ya están en Estados Unidos, pues ingresaron a través de un permiso humanitario, aunque hay algunos que decidieron retornar a sus países de origen. Además cuestionó la falta de justicia en el caso.

“De entrada que (Francisco) Garduño no tendría que seguir al frente del INM”, indicó.

Afirmó que la acusación contra el funcionario debe incluir los daños de por vida a los sobrevivientes y la pérdida de padres e hijos de 40 familias de Centro y Suramérica y eso tiene otras implicaciones legales. 

Autoridades afirman que cumplieron  

Garduño, quien acude cada 15 días a firmar ante un juzgado como parte de su proceso, dijo a EFE que además de él hay otros cinco miembros del INM enfrentando un proceso judicial.

Señaló que fueron dos venezolanos los que quemaron colchonetas dolosamente y que el incendio transcurrió en menos de tres minutos, durante los cuales un guardia privado no encontró la llave y fue ahí donde perdieron la vida 40 migrantes y 27 resultaron heridos.

En cuanto a la indemnización, abundó, la Comisión Integral de Víctimas de Delito entregó un dictamen que fija el monto en 3,5 millones de pesos (unos 211.529 dólares) por cada migrante fallecido.

“Ya hemos liquidado yo creo que el 70 % de estas indemnizaciones y estamos en espera que la comisión de víctimas de delitos nos entregue los montos de reparación del daño de los 27 heridos”, dijo el funcionario.

Aseveró que el Gobierno federal ha reservado los montos necesarios para hacer la reparación del daño a las víctimas y que se ha hecho una remodelación integral de las estaciones migratorias con una arquitectura humanitaria y de prevención de estos riesgos, además de que se ha capacitado al personal de migración en este tipo de riesgos. 

Rosa Mani Arias, coordinadora del programa pro migrantes Avara en Ciudad Juárez, estuvo la mañana posterior al incendio atendiendo a los afectados y señaló que la reparación del daño es un concepto ambigüo.

“Nunca va a existir, porque no habrá dinero que pueda restituir a un padre, a un hijo o a un hermano, es una palabra que no cumple su función la restitución del familiar nunca llegaría”, indicó la activista.

La noche del 27 de marzo de 2023, 40 migrantes provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador fueron víctimas de asfixia por el humo causado de un incendio de unos 3 minutos de duración, generado por dos venezolanos, de acuerdo con investigaciones de las autoridades mexicanas. 

• El aniversario de la tragedia ocurre en medio de los inéditos flujos migratorios en Norteamérica, donde la migración irregular detectada por México subió un 77 % en 2023 hasta superar las 782.000 personas, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 

Martín Coronado