Río de Janeiro, Brasil.

Los fuegos artificiales y el espíritu festivo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro parecen un año después un recuerdo lejano, para una población atribulada por la violencia y la crisis económica que sacude a Brasil.

El principal legado de los Juegos -visto desde una actualidad marcada por guerras entre bandas de narcotraficantes y tragedias provocadas por 'balas perdidas' durante incursiones policiales en las favelas- parece ser el modelo del impresionante despliegue de tropas que permitió garantizar su seguridad.

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El ministro de Defensa, Raul Jungmann, se refirió específicamente a ese precedente al anunciar el viernes pasado el envío de 8.500 militares, ante la creciente sensación de inseguridad que domina entre los 6,5 millones de habitantes de la 'Ciudad maravillosa'.

"Estamos repitiendo la fórmula de los Juegos Olímpicos de 2016, que tanto éxito tuvo", afirmó.

- 'Sin visión a largo plazo' -

La violencia está estrechamente ligada a la crisis económica, que comenzó hace dos años, mucho antes de los Juegos Olímpicos. El estado de Rio está al borde de la quiebra y los funcionarios sufren retrasos en sus sueldos.

Muchos dependen incluso de donaciones para sobrevivir.

Los policías siguen sin recibir el decimotercer mes de 2016 y las autoridades ya no pueden pagar las horas extra que permitirían aumentar significativamente el número de patrullas.

Pero los problemas financieros no explican por sí solos esta escalada de la violencia.

Numerosos especialistas apuntan a la estrategia de ocupación de las favelas por parte de las autoridades, a través de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), estructuras de agentes de proximidad con las que se pretendía sacar a la población de las garras de los narcotraficantes.

"Estamos pagando ahora el precio del fracaso total del proyecto de las UPP", denuncia Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de estudios sobre la seguridad y la ciudadanía (Cesec), de la Universidad Candido Mendes.

"Las autoridades pusieron en marcha este proyecto en 2008, con el objetivo de reforzar la seguridad para la Copa del Mundo de 2014 y para los Juegos Olímpicos, pero lo hicieron a marchas forzadas, sin visión a largo plazo", analizó.

"Las UPP no funcionaron porque solo la policía fue a las favelas. Muchas de ellas no se beneficiaron de proyectos sociales o de urbanismo, que cuestan caro o son más complicados de poner en marcha", reconoce Roberto Alzir.

- Descenso del turismo -

Más allá de los problemas de violencia, la población ha resultado igualmente afectada por la fuerte tasa de desempleo.

Antiguos ejecutivos de empresas trabajan como conductores de Uber para llegar a fin de mes, mientras la cantidad de personas sin hogar aumenta visiblemente.

La crisis afecta incluso a los deportistas de alto nivel: numerosos medallistas brasileños en los Juegos de Rio han perdido a sus patrocinadores.

Abandonadas durante meses, algunas instalaciones del Parque Olímpico comienzan ahora a recibir entrenamientos o eventos puntuales, pese a que todavía persisten muchas dudas sobre su futuro.

Reabierto desde mayo, una parte del techo del velódromo ardió durante la madrugada del domingo durante un incendio causado por unos globos de papel con velas lanzados al aire.

La estructura prefabricada de la Arena do Futuro, que recibió los partidos de balonmano, debía reutilizarse para construir tres escuelas en los barrios pobres, pero el proyecto ya no está vigente debido a los problemas presupuestarios del ayuntamiento.

"Conseguimos hacer unos grandes Juegos Olímpicos pese a la crisis. La herencia no está comprometida, solo va a hacer falta más tiempo" para materializar los proyectos, argumenta Mario Andrada, director de comunicación del Comité organizador de Rio-2016.

Los habitantes se benefician ya de la extensión de la red de transportes y de la revitalización de la zona portuaria de la ciudad, pero la crisis y los problemas de violencia han afectado directamente al turismo.

Según la Confederación Nacional de Comercio (CNC), se crearon alrededor de 5.000 puestos de trabajo en este sector durante los Juegos Olímpicos, pero alrededor de 9.000 personas fueron despedidas de enero a mayo de 2017.