Abusos.

Exista o no una denuncia ante la Fiscalía, los docentes señalados como presuntos abusadores son investigados por la Secretaría de Educación

Se trata de un tema presente en el estado, sin embargo y para determinar la culpabilidad del presunto implicado, desde la Secretaría de Educación Jalisco se lleva un seguimiento puntual de los reportes recibidos, aseguró Pedro Díaz Arias, subsecretario de educación básica en la citada dependencia.

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“Una vez que tiene conocimiento en principio el director del plantel o quién es responsable del plantel, tiene la obligación de dar aviso a su superior inmediato, a la vez que también tiene la responsabilidad de informar por escrito al órgano de control interno, en este caso de la Secretaría de Educación, y al mismo tiempo que da el aviso separa del contacto con los niños al personal sujeto del presunto acoso o abuso del que se le señala”.

Los padres de familia pueden acudir con las autoridades de seguridad e interponer una denuncia, de tal forma que el docente involucrado estaría sujeto a dos procesos de investigación, el que lleva a cabo la Fiscalía y el seguimiento que se da desde la Secretaría,  puntualizó el funcionario.

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“Y se siguen dos procesos prácticamente paralelos, es decir, en este caso el órgano de control interno sigue por oficio la denuncia y sigue el procedimiento; el procedimiento básicamente consiste en llamar a los ofendidos, a quien hizo el escrito también, es decir, la parte directiva, y también en su momento escucha a la persona que está siendo señalada. Con esos elementos el órgano de control interno en este caso, determina la sanción que puede llegar inclusive hasta el cese, dependiendo de la gravedad del caso”.

El presunto agresor tiene derecho a presentar lo que a su juicio considere necesario para su defensa, el juzgador determinará la responsabilidad que tiene y con base en ello establecerá una sanción administrativa, que puede ir desde la suspensión hasta por un mes y sin goce de sueldo o de ser necesario el cese definitivo.

Este tipo de procesos debería durar un máximo de 90 días, sin embargo, por el cúmulo de expedientes, la resolución de los casos lleva más tiempo del establecido, reconoció Díaz Arias.

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“No debiera ser un proceso muy largo, sin embargo debo admitirle que en este caso ha habido un poco de tardanza en la resolución de los casos porque se recibió un cúmulo de procesos pendientes que inclusive van de años anteriores a este, entonces no debe ser un proceso largo de más de unos 90 días, pero se tiene un retraso precisamente por la acumulación de casos de años anteriores y lo que se está haciendo de desahogar esos casos que están pendientes de tiempo atrás”.

Si la Fiscalía resuelve que el presunto acusado es inocente, pero la Secretaría de Educación Jalisco determina que no es así,  en esa última dependencia se tiene la facultad para separar del grupo al docente o rescindir su contrato laboral. Además quienes llegan al último de los procedimientos no podrán trabajar en ninguna institución educativa del país, agregó.

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 “Todas las entidades en los requisitos que se solicitan para ingresar al servicio está el hecho de que presenten una carta de no antecedentes, no es una carta de antecedentes penales de la policía municipal o de alguna cuestión así, no, sino de la fiscalía precisamente, que son los que tienen acceso a las bases de datos no locales, sino nacionales”.

La Secretaría ha hecho una amplia difusión de los protocolos a realizarse en los diferentes casos, es cierto que el responsable del plantel debe ser el primero en ser notificado, pero los padres de familia también pueden comunicarse al 01 33 3678 75 00 ext.  57585 y denunciar directamente los casos.

Sin importar la jerarquía que tengan, los servidores públicos son sujetos y objetos de sanciones cuando conocen un hecho y no lo denuncian, que en este caso también podría ser el cese de labores por complicidad, finalizó el subsecretario de educación en Jalisco.