Guadalajara, Jalisco.

El amparo que concedió el Juzgado Octavo en Materia Administrativa y de Trabajo a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), no significa que puede seguir dotando de insumos médicos al Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), aclaró el director Jurídico de la institución, Luis Enrique Miranda del Río.

“Los alcances de la demanda de amparo y la suspensión que otorgó el juzgado de distrito no llevan relación en lo que respecta que la empresa siga suministrando medicamentos o continúe trabajando para el Instituto de Pensiones. El alcance de la suspensión es exclusivamente para que no se ejecute la garantía, la fianza que se les hace asequible derivado de la recisión del contrato que fue notificada”, puntualizó.

A decir del funcionario, la proveedora farmacéutica está amparada para que en tanto no se resuelva por completo el juicio de amparo que presentó por la recisión del contrato, no se le obligue a pagar la fianza que se establece en el contrato.

Sobre el proceso jurídico que se inició el 30 de agosto pasado, Miranda del Río explicó que el juicio podría tardar hasta tres meses en resolverse. Todo dependerá de la carga laboral del juzgado en que se lleva el caso.

“Todavía no se rinde el informe justificado que nos corresponde como autoridad responsable señalada en el amparo. Una vez rendido el informe justificado y desahogada la audiencia constitucional se resolverá el tema del amparo puede ser que sea alrededor de dos o tres meses dependiendo de las cargas de trabajo del juzgado de distrito”.

Luego de que diversos medios de comunicación documentaron la venta a sobreprecio de medicamentos al instituto de pensiones por parte de Abisalud. El organismo notificó el 28 de Julio pasado que rescindiría el contrato con la empresa, no obstante, el director Jurídico argumentó que el contrato con la farmacéutica se finiquitó por incumplimiento, mismo que fue notificado y comprobado por el área de servicios médicos.

Las irregularidades que fueron ventiladas por presunto fraude y falsificación de documentos ya se investigan por parte de la Fiscalía General del Estado. Toda vez que el IPEJAL presentó las denuncias correspondientes por el daño causado.