Tegucigalpa, Honduras.

El Poder Judicial hondureño anunció el lunes la restitución de dos jueces que habían sido despedidos en 2009 por criticar el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, tras una batalla legal la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"El Poder Judicial resuelve reincorporar a la abogada Tirza Flores Lanza como magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula (norte)(y) a Guillermo López Lone a su cargo como juez del tribunal de sentencia en la misma ciudad", anota la resolución de la justicia.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, dijo a la AFP que Flores sustituye a la abogada Dinora Cubas y López a la abogada Suyapa Barahona.

Flores y López fueron despedidos, junto a los jueces Luis Alonso Chévez y Ramón Enrique Barrios, porque criticaron el golpe de Estado contra Zelaya, por lo que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

La CorteIDH ordenó en 2015 a reintegrar a los cuatro despedidos en "cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración (y) beneficios sociales".

En 2016, el Estado propuso indemnizar a los despedidos alegando la falta de plazas vacantes, pero Flores y López rechazaron la propuesta y un año después la CorteIDH consideró que los argumentos del Estado eran "improcedentes".

Chévez y Barrios sí aceptaron la indemnización.

El Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil) consideró en un comunicado que la destitución de los dos jueces "fue arbitraria y se dio como represalia a sus roles en la defensa de la democracia en el marco del golpe de Estado que enfrentó el país en 2009".

Advirtió que, en su sentencia, la CorteIDH determinó que Honduras violó la libertad de expresión, el derecho de reunión, los derechos políticos, el derecho de asociación, las garantías judiciales y la protección judicial al separar a los dos jueces.

Flores y López denunciaron que la destitución de Zelaya fue un "golpe de Estado" ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La CSJ justificó que la separación del presidente era una "sucesión constitucional" que estaba enmarcada en la Carta Magna.

Una Comisión de la Verdad nombrada por el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), con participación de expertos internacionales, determinó años después que fue un "golpe al Ejecutivo".