Guadalajara, Jalisco.

El Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Agua y Energía de la Universidad de Guadalajara propone la creación de un grupo interinstitucional integrado por la federación y los organismos de manejo del agua de Jalisco y Guanajuato para revaluar los decretos firmados.

"Para determinar la actualización o revocación de los decretos federales y sobre todo, analizar y generar los instrumentos técnicos y científicos para garantizar un adecuado manejo del agua como derecho humano y ambiental de nuestra región", se lee en un comunicado.

En este documento se argumenta que la Comisión Mundial de Presas recomendó evaluar y desarrollar proyectos que pretendan reducir el impacto ambiental y social en la operación y construcción de la Presa El Zapotillo, mismas que no se cumplieron.

Con ello se advierte que no existe factibilidad para realizar el trasvase a León, pero además se señala que no existen elementos para elevar la cortina a 105 metros, por lo que debe implementarse el principio de alta incertidumbre hidrológica y ambiental.

"Se debe aplicar el principio precautorio en proyectos con tan alta incertidumbre hidrológica y ambiental, porque la seguridad humana y alimentaria de Jalisco y el país no se debe de poner en riesgo" se lee en el desplegado.

Asimismo, se enfatiza que es obligación de las nuevas administraciones de Jalisco, Guanajuato y de la federación el de corregir esta situación y no cometer los mismos errores, omisiones y delitos de sus antecesores.

Consideran que es de celebrarse la disposición entre ambos gobernantes tratar de revaluar el acuerdo para el aprovechamiento del agua del Río Verde, y de esta manera generar mejores condiciones.

No obstante, recuerdan que el acuerdo que se firmó por el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez con el gobernador de León, se basa en decretos federales que se realizaron en el 95 y 97 con datos hidrológicos que ya no corresponden a la actualidad, además de que se encuentran incompletos.

"Se basan en estos hidrológicos que diversas instancias nacionales e internacionales han documentadl como Incompletos y obsoletos para una gestión científico - técnica de la cuenca, y mucho menos válidos para justificar cuotas de distribución entre Jalisco Y Guanajuato. El daño ambiental y social de presas y trasvases está ampliamente documentado" se lee.

Se reitera, además, que el agua es un derecho humano, que se ha convertido en "el petróleo del siglo XXI" según el Foro Económico Mundial.

Lamentan que los proyectos de presas y trasvases se han señado por estar envueltas en corrupción de los más altos niveles, ocasionando grandes problemas ambientales, humanitarias y económicas.

Por lo que los integrantes del Comité consideran que tanto la infraestructura como la operación del acueducto a León significaría la privatización del agua, y por tanto se violarian los derechos humanos a los habitantes de Temacapulin.

"La forma en la que se ha desplazado a las comunidades de Acasico y Palmarejo y se pretende despojar a la de Temacapulin es un grave atentado a nuestra Constitución y a los derechos humanos de dichos pueblos", agregan.

Asimismo critican que es un contrasentido que El Zapotillo abastesca a la zona de los Altos de Jalisco mediante un costoso bombeo concesionado a empresas privadas, que además serían los alteños quien deberán pagarlo, generando también que disminuyan las posibilidades de que Guadalajara se abastesca de ahí.

En el comunicado, también celebran la visita del secretario de Semarnart respecto a su visión de orientar las decisiones políticas de dicho sector en apostar a la restauración y el cuidado de los elementos vitales que se requieren como la calidad del aire, el abastecimiento del agua para todos, la generación de energías alternativas, así como el manejo integral de los desechos sólidos, hogares sustentables y ciudades ordenadas.