Guadalajara, Jalisco.

Aunque la Ley General de Transparencia no permite que se reserve información relacionada con posibles actos de corrupción, la Unidad de Transparencia del Congreso del estado autorizó clasificar como reservados los expedientes que corresponden al juicio político en contra del magistrado Alberto Barba Gómez, que interpuso el alcalde Pablo Lemus en 2016 por presunto ejercicio indebido de la función pública y enriquecimiento ilícito.

María Esther López Chávez, diputada presidenta de la Comisión de Responsabilidades que lleva el trámite, adelantó que recibió un oficio donde se le notifica que debe reservar cualquier tipo de información relacionada con el juicio político del magistrado de la sexta sala del Tribunal de Justicia Administrativa por un plazo de tres años, o hasta que se desahogue el proceso. Motivo por el cual no dio más detalles sobre un posible amparo que recibiría Barba desde un tribunal federal.

"Nosotros hemos solicitado al Tribunal una aclaración de la solicitud que nos hace pero es todo lo que podemos informar porque como les comunico, les comparto, nos han dado instrucción de parte del comité de transparencia del Congreso del estado que seamos reservados en la información que hacemos pública por tratarse de un juicio político en proceso".

Por su parte el titular de la unidad de transparencia del Congreso, Luis Guadalupe Íñiguez Reyes, explicó que la reserva se dio luego de que un ciudadano solicitó acceso al expediente pero consideró que concederlo vulneraría la presunción de inocencia de Barba, a quien Lemus señala de conceder amparos injustificados a favor de desarrolladores para construir viviendas sin permisos municipales, como Bosque Encantado, que formaba parte del bosque Nixticuil.

"Ellos están resolviendo el debido proceso y en base a eso se debe resguardar el acceso a los documentos porque como no se ha resuelto en definitiva se puede incluso violar el derecho humano a la presunción de inocencia de la persona".

La diputada López Chávez adelantó que pedirá a la unidad de Transparencia dar un soporte legal de su decisión, mientras que también buscará la intervención del Instituto de Transparencia (Itei) para que la información sea pública.