Santo Domingo, República Dominicana.

Representantes de la sociedad civil de México pidieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instar al Gobierno de su país a reformar la Constitución para crear una Fiscalía "autónoma, independiente y profesional" para investigar los casos de tortura.

También reclamaron "un mecanismo internacional para combatir la impunidad que le permita al Estado mexicano investigar y presentar acusaciones en contra de las personas que participan en políticas que promueven, facilitan o toleran la tortura, incluidos funcionarios y particulares que contribuyan a dicha políticas, mediante la negación de su existencia o la justificación de la actuación criminal de las instituciones".

Durante su exposición en el inicio en Santo Domingo del 168 periodo de sesiones de la CIDH, representantes de la sociedad civil mexicana señalaron que la tortura en su país forma parte "de una práctica normalizada y peor aún, resulta ser común entre las instituciones militares, policiacas y de procuración de justicia en los diferentes niveles de Gobierno".

Argumentaron que las 16 sentencias condenatorias emitidas por el Poder Judicial Federal desde 2006 "son la excepción a las más de nueve mil investigaciones por tortura que se han abierto en el mismo periodo" por parte de la Procuraduría General, "lo que quiere decir que la impunidad sigue imperando en el país".

En respuesta a la denuncia, los representantes del Estado mexicano señalaron las acciones que adopta ese país para enfrentar el tema de la tortura.

Asimismo, afirmaron que el Estado "está obligado a tomar medidas eficaces" para la prevención, sanción y erradicación de la tortura, "actuando de manera decidida y enérgica ante los perpetradores de dichos agravios, nunca en contra de los que valientemente exigen sus derechos a combatirlos".

Por otro lado, la sociedad civil mexicana también denunció la falta de atención por parte del Estado mexicano a las personas mayores, principalmente en salud y vivienda.

Los sismos de septiembre 2017 en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas "dejaron sin hogar a muchas personas mayores, poniendo en evidencia la falta de una política pública del Estado mexicano, que dé solución a la población afectada por desastres naturales, garantizándoles un alojamiento temporal en lo que se les proporcione una vivienda digna las facilidades para la reconstrucción", señalaron.

También subrayaron la situación de las personas mayores en abandono que por alguna enfermedad van a parar a un hospital público donde una vez curados "no pueden ser dadas de altas por no contar con un lugar a donde ir (...) llegando a permanecer hasta más de un año en el hospital, expuestos al riesgo de contraer otra enfermedad u ocupando una cama que es necesaria para otra persona".

A su turno, la representación del Estado defendió la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, en vigor desde 2002 y que, a su juicio, "ha contribuido en la construcción de un sistema normativo general que favorece las condiciones óptimas de salud , educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social de ese grupo de la sociedad".

La CIDH abrió hoy una semana de audiencias públicas en Santo Domingo y cuya agenda incluye audiencias también sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.