Guadalajara, Jalisco.

A un año de que Alfonso Hernández Barrón tomó las riendas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), la dependencia funge como una agencia de colocaciones de parientes, amigos y compromisos políticos.

En la nómina de la defensoría de derechos humanos son visibles las relaciones familiares y el nepotismo, iniciando desde la cabeza.

El ombudsman conserva a su hermano Edgar Misael Hernández Barrón en la dependencia, labora como “Investigador Capacitador A2” y percibe mensualmente 32 mil pesos, éste ya laboraba en la dependencia mucho antes de que Hernández Barrón asumiera el cargo, sin embargo, Misael siguió colocando a sus cercanos en la nómina.

Aileen Meza Moreno, es cuñada del hermano del ombudsman y aunque apenas tiene conocimientos de cultura de belleza, ahora es “Asistente de Vinculación A” adscrita a la Brigada Móvil de la presidencia y gana 21 mil pesos al mes.

En esta red de parentesco, también está Arturo Moreno López, quien es familiar de segundo grado de Misael Hernández Barrón, mismo que aparece con estudios inconclusos de derecho. También aparece como “Asistente de Vinculación A” y gana lo mismo que Aileen.

Aunque se solicitó entrevista, fue el área de Comunicación Social la que envió la postura de la institución, en la cual se justifica que las relaciones familiares del ombudsman no se restringen en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

 “No existe una restricción para que ambos pudieran laborar en la misma institución, dado que el presidente no solicitó ni autorizó la contratación” de su hermano, dice el comunicado enviado a #44LAB.

La colocación de parientes en la nómina no concluye con la familia de Hernández Barrón, y se extiende a mandos medios. Es el caso de la relatora Muriel Salinas Díaz, quien aparece en la nómina como “Investigador Capacitador A2” adscrita a la presidencia gana más de 34 mil pesos y también mantiene a su hermana Diana cobrando del erario como “Analista Administrativo A” al igual depende de la presidencia y percibe un sueldo mensual por casi 19 mil pesos.

El nepotismo de las hermanas Salinas Díaz se justifica con que ambas cuentan con “una sólida trayectoria profesional en la defensa de los derechos de las mujeres. Su contratación se decidió en función de sus capacidades y méritos en el ejercicio de las actividades desde la sociedad civil organizada”, afirma la respuesta enviada a este medio de comunicación.

- Repartición de cargos por partido político -

Las prácticas de amiguismo y compromisos políticos no se han acabado en esta administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, tal es el caso del quien fuera el primer  Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Krystian Felype Luis Navarro, vinculado al partido tricolor y quien fue acomodado al acabar su periodo en la  CEDHJ como “Coordinador General de Guardia y Orden” adscrito a la dirección de quejas.

Carlos Moisés Espinosa Ramos fue asesor del diputado priista, Álvaro Martínez García, y ahora aparece en la nómina de la CEDHJ como “Visitador Adjunto B”, perteneciente al órgano de control con un sueldo de casi 30 mil pesos mensuales.

Quien fuera la asistente del priista Jesús Casillas, Margarita Mora Ledesma, también se supo acomodar como “Asistente Administrativo C” con un sueldo por 9 mil pesos mensuales.

Otro caso es el de Luis Carlos Prado Bayardo, quien además de cobrar en la defensoría de derechos humanos como asistente de presidencia, fue director de Innovación de la SEPAF en la actual administración priista.

Asimismo, también destaca el caso del hijo del ex diputado priista, Roberto Mendoza. Su hijo Roberto Joan Mendoza Contreras estuvo cobrando en la comisión de derechos humanos por varios años como “Auxiliar Administrativo” sin haber concluido sus estudios. No obstante, su nombre ya no aparece en la nómina.

También destaca el caso de Luis Antonio Corona Nakamura, hermano de la legisladora Rocío, y quien, tras ocupar diversos cargos políticos, terminó en la defensoría de derechos humanos como “Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos”.

- Los panistas no se quedan fuera de la nómina de la CEDHJ -

El nombre que más llama la atención es el de Oswaldo Javier Hernández Montes, quien fuera el abogado defensor del ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo, detenido y absuelto por peculado. Hernández Montes actualmente funge como “Visitador Adjunto A” perteneciente a la cuarta Visitaduría de la comisión, con un salario cercano a los 50 mil pesos.

El actual Contralor de la dependencia, Jesús Pedro Brizuela Villegas, también fue asesor del diputado panista, Miguel Ángel Monraz Ibarra en dos ocasiones y cuenta con un salario por casi 65 mil pesos mensuales.

 Asimismo, Guadalupe Flores, quien fue delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la administración del ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, ahora es el “Responsable Especializado” en la Secretaría Ejecutiva con una percepción salarial por casi 23 mil pesos.

- Sindicato pide Servicio Civil de Carrera -

Para evitar que sigan dándose la repartición de puestos sin tener el mérito para ocupar los cargos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco ya está negociando que se ganen las plazas a través del Servicio Civil de Carrera, expresó su dirigente, Hiram Peña Cortés.

“Nosotros lo qué hacemos o lo que venimos peleando ya con esta actual administración, con quienes venimos en pláticas. Este diciembre se inicia nuestro contrato colectivo que es cada dos años por ley, y estamos solicitando que ya quede insertado para que no sea letra muerta”, indicó.

Peña Cortés explicó que, con este ordenamiento, las designaciones se harán por oposición y se elegirá a los mejores perfiles, tomando en cuenta: la antigüedad, el desarrollo académico y la productividad.

De esta manera, empleados que han ido profesionalizándose al interior de la comisión podrían competir para escalonar en su posición, con un salario más acorde a su nivel académico y profesional.

El líder sindical manifestó que muchos de los cargos en los que se dan este tipo de prácticas son en puesto de confianza, que son los que nombra la presidencia.

“Ya todos los que son mandos medios u directivos son empleados de confianza. Entonces en esa tesitura, la ley es la que faculta al Ombudsman de determinar este tipo de nombramientos”, puntualizó.