Ciudad de México, México.

Un juez obligó a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a admitir pruebas que había rechazado y son consideradas como "relevantes" en el caso del supuesto espionaje del Gobierno mexicano a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

Tras una audiencia celebrada el 21 de mayo, "el juez determinó revocar la negativa de la PGR, exigiéndole la admisión de las pruebas ofrecidas por las víctimas por considerarlas conducentes para el desarrollo de la investigación", subrayaron en un comunicado conjunto organizaciones como Artículo 19 y el Centro Prodh.

Hace casi un año, The New York Times informó que varias personalidades fueron espiadas a través de un programa informático denominado "Pegasus" y vendido exclusivamente a gobiernos.

Después de que saliera a la luz este caso de supuesto espionaje, activistas y políticos opositores se fueron añadiendo a la lista de denunciantes, mientras que el Ejecutivo mexicano aseguró que no hay prueba alguna de que las instancias gubernamentales fueran responsables de ningún delito.

Las organizaciones que interpusieron la demanda destacaron que, de las 70 pruebas ofrecidas por las presuntas víctimas, "la PGR ha desahogado cerca de nueve, mientras que 49 se han negado expresamente".

"La negativa a desahogar dichas pruebas muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación", valoraron.

A partir de la resolución judicial, la fiscalía deberá pedir información a distintas instancias del Gobierno y recabar datos relacionados con la contratación del sistema.

Las organizaciones denunciaron "la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma", y recordaron que para este caso han exigido la incorporación de un grupo de expertos independientes que brinden asistencia técnica internacional y garanticen la independencia de las pesquisas.

Esto "a la fecha no ha ocurrido", apuntaron, y concluyeron diciendo que "en un Estado democrático, la vigilancia no debe ser usada arbitrariamente, y mucho menos contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos".

Los afectados por el presunto espionaje recibieron en su celular diversos mensajes con enlaces que llevaban, al abrirlos, a que el "software" malicioso se descargara en el dispositivo, permitiendo al agresor tener acceso al contenido del móvil y a la cámara y micrófono.

Entre quienes recibieron estos mensajes están el director del Centro Prodh, Mario Patrón; el candidato presidencial Ricardo Anaya (quien en el momento del incidente ejercía como presidente del Partido Acción Nacional), y la periodista Carmen Aristegui.