Con un voto conjunto entre PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social (PES), el pasado 7 de marzo aprobaron en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, una reforma con la que los órganos civiles que se encargaban de vigilar la política forestal mexicana, se convertirán en solo órganos de consulta y perderá toda función de supervisión y poder de veto.

La misma reforma también elimina la función que fue conferida a los sectores civil y productivo para vigilar el uso de los recursos del Fonfo Mexicano Forestal, y el cual quedará totalmente a cargo del gobierno federal, específicamente a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En México crearon en 2003 el Consejo Nacional Forestal y la estatal, en los cuales están representadas las comunidades ejidales, comunales, indígenas, campesinas y equiparales, quienes manifiestan la titularidad de más de 80 por ciento de bosques y selvas del país.

Ambos organismos cumplían de acuerdo a la ley con funciones de supervisión y vigilancia sobre cada iniciativa de las autoridades en materia forestal. Se encargaban de aprobar toda norma, reglamento o permisos de explotación vinculados a bosques y selvas, así lo explicó Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales.

Aunado a esto el presidente de la Red declaró que al aprobar esta reforma “lo que están haciendo es concentrar poder y dinero en vísperas de un periodo electoral, y hay que recordar que, históricamente, el sector forestal es presa de presiones electorales”.