Buenos Aires, Argentina

Los militares volverán a marchar por las calles de Buenos Aires el 9 de julio con motivo del Día de la Independencia, tras cinco años sin grandes desfiles militares en Argentina, según lo anunció el Gobierno del ultraliberal Javier Milei.

"Hay desfile el 9 de julio", declaró el ministro de Defensa, Luis Petri, al canal LN+ el jueves por la noche. "Va a estar el presidente de la Nación, él ha pedido que vuelvan los desfiles militares en la Argentina".

El último desfile que involucró a miles de militares activos en Buenos Aires un 9 de julio tuvo lugar en 2019 bajo la presidencia del derechista Mauricio Macri, quien recuperó la tradición durante su mandato (2015-2019) excepto en 2018, cuando el evento se suspendió en el marco de una crisis de la deuda.

En los 15 años previos a Macri, durante los gobiernos peronistas de Néstor y luego de Cristina Kirchner, la capital argentina no albergó desfiles militares aunque sí se celebraba el aniversario de la declaración de independencia de 1816.

Solo se organizó un desfile en 2010 por el bicentenario de la Revolución de Mayo, el inicio del proceso de independencia de la corona española el 25 de mayo de 1810, que se convirtió en un día festivo.

• La pandemia de 2020 forzó la prohibición de los desfiles, pero el gobierno peronista de Alberto Fernández (2019-2023) no los restableció tras la superación de la emergencia sanitaria.

Sí se realizaron algunos desfiles modestos como el de San Miguel de Tucumán (norte), donde se proclamó la independencia, con bandas de música y regimientos con uniformes históricos de granaderos.

"Claramente el kirchnerismo tenía un sesgo" antimilitar y el gobierno de Milei quiere reivindicar el "rol histórico" de las Fuerzas Armadas, aseguró Petri.

Cuando se le consultó por el costo del desfile militar en el contexto de la drástica política de austeridad del gobierno de Milei, el ministro dijo que aún no manejaba cifras.

Desde que asumió en diciembre, Milei ha buscado reposicionar a las Fuerzas Armadas ante la opinión pública. Esto incluye la revisión de sus actos durante la última dictadura (1976-1983) y la relativización del número de víctimas, que según organizaciones de derechos humanos fueron 30.000 desaparecidos y según el nuevo gobierno cerca de 8.000.