Ciudad de México, México.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, no reconoció como suyas, dentro de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses que presentó públicamente, tres propiedades, incluyendo el inmueble en el que vive, de acuerdo con un reporte de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México).

"Las declaraciones públicas que el gobernador ha hecho sobre su patrimonio no coinciden con la realidad", asevera la investigación de la organización civil, publicada hoy.

En la declaración pública "3de3" que presentó en enero de 2016, cuando era diputado federal, Yunes únicamente incluyó entre sus inmuebles un departamento en Miami, adquirido en 2001 por 382 mil 900 dólares.

Una de las propiedades que Yunes "no declara como propia, aunque reconoce que disfruta del inmueble, es la casa donde vive", en el Club de Golf La Villa Rica, municipio de Alvarado.

La casa es propiedad de la empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles, de la cual Yunes es dueño del 50 % de las acciones (la otra mitad pertenecen a su esposa, Leticia Márquez).

Otro bien inmueble adquirido por el mismo mecanismo es el que se encuentra en la ciudad Boca del Río, en una zona de clase alta llamada Costa Verde, y que está valorado en 177 mil dólares, según una valuación realizada en 2008, señala ONEA.

Además, la organización asevera que el gobernador "ni siquiera incluyó en su declaración" un condominio que compró en febrero de 2010, también en Boca del Río, por unos 400 mil dólares.

Yunes lleva al frente del Gobierno estatal de Veracruz desde el 1 de diciembre de 2016, tras ganar las elecciones con una alianza entre el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La llegada de Yunes tras la administración de Javier Duarte -actualmente en prisión por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada- significó un cambio político tras 86 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

ONEA México asevera que se han interpuesto tres denuncias penales contra Yunes ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).

La primera "la presentó en mayo del 2013 el expresidente nacional del PAN Manuel Espino Barrientos, por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito".

La segunda la interpuso Duarte, quien lo acusó de "comprar, a través de su familia y empresas, al menos 26 propiedades".

Por último, en agosto de 2016 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación señaló a Yunes "por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito".

De acuerdo con la investigación, "ninguna de las tres (denuncias) avanzaron en la Justicia".

Cuando la organización preguntó a la PGR vía transparencia por estos casos, la fiscalía dijo estar "imposibilitada jurídicamente" para emitir un pronunciamiento sobre esa información, debido a que "se afectaría la intimidad, prestigio y buen nombre" de Yunes.

ONEA México detalla en su informe que envió un cuestionario a Comunicación Social del Gobierno de Veracruz para que Yunes diera su versión, pero "jamás contestó el correo electrónico ni llamadas".