Washington, Estados Unidos.

Un mexicano será ejecutado este miércoles en Texas, en medio de una fuerte oposición del Gobierno de México y críticas de expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Rubén Cárdenas Ramírez recibirá una inyección letal a las 18h00 locales, más de 20 años después de ser condenado a muerte, en julio de 1997, por la violación y asesinato de su prima de 16 años.

México, donde la pena de muerte se abolió oficialmente en 2005, alegó que Cárdenas, de 47 años, fue privado de sus derechos a un abogado y a la asistencia consular prevista en la Convención de Viena.

"Para el Gobierno de México no se trata de culpabilidad o inocencia, sino de respeto a los derechos humanos y al debido proceso", escribió en una columna el cónsul mexicano en Austin, Carlos González Gutiérrez.

"Desde el inicio del caso", continuó, "se le negó el derecho al debido proceso".

"Si se lleva a cabo la ejecución del señor Cárdenas, el gobierno de Estados Unidos estaría implementando la pena capital sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos", advirtieron Agnés Callamard y Elina Steinerte, expertas de derechos humanos de la ONU.

En un comunicado, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) destacó que Cárdenas "no tuvo acceso a un abogado en los primeros 11 días de su detención" y que "algunas de las declaraciones que hizo en ese período fueron usadas por los fiscales durante el juicio".

México llevó el caso de Cárdenas y otros mexicanos sentenciados a muerte en su país vecino a la Corte Internacional de Justicia. Esta instancia dijo en 2004, según señaló González, que "Estados Unidos había incumplido sus obligaciones bajo leyes internacionales por no notificar a las autoridades mexicanas del arresto de 51 de sus ciudadanos".

Otra ejecución prevista para este miércoles es la de Patrick Hannon, condenado por doble homicidio en 1991, en Florida.