Caracas, Venezuela.

La Asamblea Constituyente que rige Venezuela abrió una investigación contra líderes opositores, a quienes acusa de promover la violencia durante protestas contra el gobierno que dejaron unos 125 muertos en los últimos cuatro meses.

"Hemos decidido la apertura de una investigación contra las personas responsables de los hechos de violencia acaecidos en 2017 por su gravedad", dijo a periodistas la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.

La indagación estará a cargo de la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad, parte del órgano que redactará una nueva Carta Magna y que viene tomando decisiones de aplicación inmediata.

Convocada por el presidente Nicolás Maduro, la Constituyente rige con poderes absolutos desde el pasado 4 de agosto.

Maduro pidió expresamente la indagación sobre las movilizaciones, en las que fueron detenidas unas 5.300 personas, de las cuales un millar siguen presas.

En su primera decisión, la Constituyente destituyó el 5 de agosto a la fiscal general, Luisa Ortega, quien se rebeló contra Maduro, y este miércoles pidió el arresto del esposo de la exfuncionaria, el diputado chavista Germán Ferrer, por supuesta corrupción.

Rodríguez, titular de la Comisión de la Verdad, sostuvo que las manifestaciones que derivaron en graves disturbios y cesaron a inicios de agosto alentaron al "odio".

Por ello, dicho comité empezó a revisar este miércoles, en su primera sesión, fotografías y declaraciones de dirigentes opositores -que circularon profusamente en redes sociales-, convocando a las protestas, añadió.

Al frente de esos llamados estuvo prácticamente toda la bancada opositora que domina el Parlamento, y los más reconocidos detractores del chavismo.

La funcionaria mostró en particular una foto del diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, saludando a uno de los miembros de la llamada "resistencia", un grupo de jóvenes que enfrentaban a las fuerzas de seguridad con bombas molotov, encapuchados y con escudos.

Rodríguez también anunció una investigación contra el presidente del Parlamento, Julio Borges, por comunicaciones que dirigió al banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs en las que amenazó, a fines de mayo, con desconocer una compra de bonos por 2.800 millones de dólares al gobierno.

El Legislativo sostiene que este tipo de operaciones -en la que el banco obtuvo un descuento de 69%- tiene que contar con su aval.

La presidenta de la Constituyente dijo que la advertencia de Borges buscaba afectar la compra de alimentos y medicinas, en grave escasez, así como inversiones internacionales para "generar violencia" y desestabilizar al gobierno.