Por Nancy Ángel

Ana Carolina Chimiak, presidenta del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C., (CEPAD), detalla que el Consejo Ciudadano de Desaparecidos se crea con base en la Ley General en materia de Desaparición de Personas y tiene como objetivo, materializar y reforzar el principio de participación conjunta, principalmente la participación de familiares en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de desaparición, solicitar información a las autoridades necesarias para el ejercicio de sus atribuciones que dan seguimiento a la problemática, así como incorporar su voz en cuanto a la actuación por parte de las autoridades estatales y municipales.

Detalla que entre las principales actividades que realizará este consejo, es proponer las acciones para mejorar, diseñar o crear las políticas públicas en materia desaparición y proponer prácticas institucionales para atender la situación, así como obtener acciones de búsqueda, investigación o procesos de identificación forense y también proponer mejoras en cuanto al desempeño de las autoridades, sobre todo, de la la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especial en personas Desaparecidas o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Este consejo formado por once integrantes incluye a la señora Catalina Mireles Romero quien busca a su hija desaparecida en 2015 y misma que representa a la región. Anna Carolina Chimiak, detalla que la integración de este consejo estuvo a cargo del Congreso del Estado mediante la Comisión de Gobernanza y Fortalecimiento de los Municipios y fue mediante una convocatoria pública y abierta en la que podían postularse familiares de personas desaparecidas, especialistas en reconocimiento, conocimiento en búsqueda o identificación forense, así como, representantes de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos, quienes fueron entrevistados para este cargo y define que fue una postulación libre por parte de todas las personas aspirantes, además, menciona, “es importante que las personas que forman el consejo puedan abonar a que se generen mecanismos adecuados de escucha, participación y comunicación con familiares de personas desaparecidas de todo el territorio del Estado de Jalisco, no únicamente con el enfoque de la zona metropolitana de Guadalajara, por eso también fue importante incluir conformación de personas desaparecidas provenientes de otras regiones como es el caso de Lagos de Moreno, Ocotlán o La Barca”.

En Lagos de Moreno, la señora Catalina Mireles fue seleccionada como parte de los integrantes de este consejo, quién debido a que el aviso se dio un día antes de la toma de protesta no contó con los medios de transporte para trasladarse a la capital, a lo que la presidenta de CEPAD, detalla que a la brevedad se podrá realizar la sesión de toma de protesta y el consejo quede instalado de manera plena con todas las personas consejeras.

Define que precisamente casos como el de la señora Mireles, es un punto a trabajar para que todas las personas de las regiones tengan plena participación y detalla: “Quisiera mencionar que de acuerdo con la ley de Personas Desparecidas, el estado, o sea, el Gobierno del Estado de Jalisco, debe garantizar todos los recursos suficientes y necesarios para la adecuada operación del consejo estatal ciudadano y cumplimiento a sus funciones, lo que obviamente también implica el apoyo a los traslados o los gastos de viáticos”.

Menciona que el aspecto de proveer los recursos sería clave ante esta situación y, sobre todo, a nivel de las regiones es de suma importancia que el estado se responsabilice de garantizar la participación plena de todas las personas integrantes del consejo y que se prevea tanto los recursos de los traslados como también la infraestructura y las condiciones adecuadas para su operación