Ciudad de México, México.

La violencia política en México, con 305 agresiones en el actual proceso electoral, entre ellos 94 asesinatos de candidatos y autoridades, representa un retroceso de la democracia que este país busca consolidar desde el inicio del siglo.

Entre la disputa de grupos delictivos por territorio y el combate oficial contra el narcotráfico, la violencia abona un escenario en el que las facciones políticas dirimen sus conflictos, influyen o imponen candidatos.

"Lo que define este proceso electoral es toda esta violencia que se ha orientado en hacer un lado a un candidato a través de medidas violentas, quitarle la vida, por ejemplo, o mediante amenazas", dijo a Efe el director de la consultoría Etellekt, Rubén Salazar.

En su cuarto informe de Violencia Política publicado la semana pasada, esta consultora da cuenta de 305 agresiones contra actores políticos mexicanos y sus familiares desde que inició este proceso electoral, el pasado 8 de septiembre.

Esta estadística incluye los 94 asesinatos con tintes políticos y electorales, entre los que sobresalen 30 precandidatos, seis candidatos, además de autoridades electas, dirigentes partidistas y 44 familiares.

Salazar opinó que las autoridades están rebasadas por la violencia política porque "están atendiendo las campañas de sus partidos en lugar brindarle seguridad a todos los participantes".

Este hecho, apuntó, "ha sido aprovechado por grupos políticos que han sacado partido de ese clima de violencia y de la incapacidad de la autoridad para ponerle freno".

El asesinato más reciente, ocurrido este 11 de mayo, fue el del candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) a presidente municipal de Apaseo El Alto, en Guanajuato, José Remedios Aguirre.

El informe destaca que desde que comenzaron la campaña electoral formal, el 30 de marzo, el 72% de los ataques ha sido dirigido a políticos y candidatos de oposición al Gobierno.

Guerrero registra el mayor número de asesinatos con 21 casos, seguido de Oaxaca (16), Puebla (10), Veracruz (8) y Estado de México (7).

"Tenemos un componente político muy fuerte de agresión en contra de opositores, a quienes en una palabra se les busca anular, desplazar o interferir sus actividades de campaña, conductas que han dejado pasar las autoridades", señaló Salazar.

Explicó que ese tipo de actos interfieren y van en contra de la calidad del proceso democrático en México y "no son una buena señal" ante lo "inédito" del número de agresiones.

Comparados con las 70 agresiones y 20 asesinatos registrados durante las elecciones federales de 2015, los ataques de este tipo han aumentado un 400%, destacó.

Este aumento se debe a la alta concurrencia que ha provocado el proceso electoral, lo cual ha rebasado y limitado la intervención de las autoridades, sostiene.

Salazar cree que la violencia crecerá "en lo que se refiere a amenaza y agresiones en actos de campaña" y a medida que no haya una respuesta contundente de las autoridades, al menos para condenarla, "se enviará una mala señal" que abonará a la impunidad.

Ante este panorama, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, expresó su preocupación en una entrevista con el periódico Reforma.

"El hecho de que se esté presentando en pleno proceso electoral, el más grande en la historia del país, hechos de violencia como éstos deben alertarnos a todos", apuntó Córdova.

Consideró que esta violencia tiene el significado de México está lejos, "como Estado, de generar las condiciones idóneas de paz pública y de seguridad para que las elecciones transcurran bien".

En su encuentro en República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un observación sobre la "situación especial" de riesgo en que están los candidatos de diferentes filiaciones políticas.

La CIDH "confía en que el Estado va a continuar tomando medidas" para garantizar la seguridad en el proceso electoral y a investigar los casos reportados de manera diligente.