Jartum, Sudán.

La transición hacia un poder civil en Sudán, nacido del acuerdo histórico entre los militares y el movimiento de protesta, tomó forma este miércoles con la investidura del Consejo Soberano, que será seguida del nombramiento de un primer ministro consensuado.

El Consejo Soberano remplaza al Consejo Militar de Transición, que dirigía el país desde la destitución del presidente Omar al Bashir, el 11 de abril.

El actual jefe del Consejo Militar, el general Abdel Fatah al Burhan, "prestó juramento como presidente del Consejo Soberano", indicó el miércoles la agencia oficial Suna.

Según los términos del acuerdo oficialmente firmado el sábado entre los militares y la protesta, y con la mediación de Etiopía y la Unión Africana (UA), Al Burhan estará al frente del Consejo durante 21 meses y un civil le sucederá durante los 18 meses de transición restantes.

La formación de esta instancia tiene lugar después de meses de manifestaciones de los sudaneses que reclamaban un poder civil, en un contexto de grave situación económica.

Los nombres de los 11 miembros del Consejo -cinco militares y seis civiles- fueron anunciados el martes por la noche, dos días después de lo previsto, debido a diferencias dentro de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FLC), surgidas de la principal organización del movimiento de protesta.

Después de Al Burhan, los otros diez miembros de la instancia también serán investidos el miércoles.

Inmediatamente después, el primer ministro propuesto por la protesta, Abdalá Hamdok, debe asumir el cargo.

El Consejo Soberano, que comprende a dos mujeres, una de las cuales es miembro de la minoría cristiana, deberá supervisar la formación del Gobierno -un anuncio está previsto el 28 de agosto- y de un Parlamento de transición.

Numerosos responsables extranjeros asistieron el sábado a la firma del acuerdo, señal de que el país podría dejar de ser el paria de la escena internacional, especialmente afectado por las sanciones económicas de Estados Unidos, que lo mantiene en su lista negra de "Estados que apoyan el terrorismo".

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- Desafíos interiores y exteriores -

El Consejo Soberano tratará además obtener el levantamiento de la suspensión de Sudán de la UA, decidida en junio tras la sangrienta dispersión de la sentada que mantenían los manifestantes en Jartum.

Según un comité de médicos cercano a la protesta, 127 personas murieron el 3 de junio en esta represión.

El Consejo Soberano y el Gobierno deberán enfrentar la ardua tarea de enderezar la economía y de restaurar la paz en un país marcado todavía por varios conflictos, en especial en la región de Darfur (oeste).

Las nuevas instituciones asumen el poder al tiempo que comienza el juicio del expresidente Omar al Bashir, llegado al poder por un golpe de Estado y que dirigió el país durante 30 años.

Al Bashir apareció el lunes dentro de una jaula de metal en la sala de audiencias de un tribunal de Jartum, para responder a las acusaciones de corrupción. Según investigadores, admitió haber recibido 90 millones de dólares en metálico de parte de Arabia Saudita, fuera del presupuesto del Estado.

Sin embargo, este juicio no responde a las acusaciones presentadas por la Corte Penal Internacional (CPI) durante una década por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en la región de Darfur.

Amnistía Internacional exhortó a las nuevas instituciones de transición a ratificar el Estatuto de Roma de la CPI, lo que permitiría transferir a Bashir ante la CPI.

Pese a la euforia que provocó la firma del acuerdo de transición el sábado, todavía se palpaba un malestar en el movimiento de protesta debido a la omnipresencia de Mohamed Hamdan Daglo, número dos del Consejo Militar y jefe de una temida fuerza paramilitar acusada de participar en la represión contra los manifestantes.

Fue él quien firmó el sábado el acuerdo con el movimiento de protesta. Sus Fuerzas de Apoyo Rápido también están acusadas de crímenes en Darfur durante el régimen de Bashir.