Quito.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este viernes su informe a la nación sin hacer una referencia directa a la crisis con México, derivada del asalto policial a la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril para capturar a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), hecho que provocó la ruptura de relaciones por parte de ese país y una condena internacional casi unánime por el hecho.

El primer informe a la nación de los presidentes de Ecuador tiene lugar al año de haber asumido el cargo (24 de mayo), día de la batalla de Pichincha, que selló la independencia de Ecuador en 1822, y lo repiten la misma fecha cada año, pero en esta ocasión, Noboa debió presentarlo tras los seis meses en el poder, después de haber sido elegido en las urnas para reemplazar a Guillermo Lasso (2021-2023).

Si bien Noboa ha debido afrontar varios desafíos, uno de los más polémicos fue su decisión de ordenar el asalto a la Embajada para detener a Glas el mismo día en que el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le había otorgado el asilo que solicitó.

Días después de su ingreso en la Embajada el 17 de diciembre de 2023, un juez ordenó su captura al ser imputado por la Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos en las obras de reconstrucción de las provincias afectadas por el fuerte terremoto de 2016.

Sobre el hecho, Noboa hizo una mención indirecta en su discurso:

"El nuevo Ecuador no transa con el narcotráfico, no transa con la narcopolítica, no transa con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos".

"El nuevo Ecuador tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos y hasta quieren que se sentencie a su país", dijo sin hacer referencia a ninguna persona en específico.

No obstante, en la víspera a este discurso publicó un polémico video en redes sociales donde mandaba "a llorar a la llorería" al expresidente Rafael Correa, quien pidió presiones internacionales a nivel político y jurídico contra el Gobierno de Noboa para evitar que se repitiese un episodio similar.

Corte Internacional de Justicia

El jueves, el Gobierno de Ecuador acogió con beneplácito la decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de México respecto a la invasión de la embajada mexicana.

Para la Cancillería, ese fallo confirmó "el carácter innecesario de la solicitud" del Gobierno del presidente López Obrador.

Las medidas cautelares solicitadas por México buscaban que los jueces de la ONU ordenasen a Ecuador respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas, lo que el Gobierno ecuatoriano ya había garantizado por escrito durante las audiencias sobre las medidas cautelares celebradas a principios de mes.

En reacción al fallo, Noboa publicó en redes sociales un mensaje que inicia con una declaración de Correa, a quien le manda "a llorar a la llorería".

"A llorar a la llorería. Quien está en contra de la Justicia, está en contra del Ecuador", escribió Noboa.

A los pocos minutos Noboa tuvo la respuesta de Correa: "¡Qué bárbaro! Este aprendiz de Calígula no entiende absolutamente nada. Lo peor es que no va a ser él, sino el país, el que pague su torpeza, soberbia e irresponsabilidad", escribió el exmandatario en la red social X.

México y Ecuador se han contrademandado ante la CIJ por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.

El Gobierno de Noboa sostiene que México transgredió la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, que impide dar asilo a personas procesadas por delitos comunes o condenadas por tribunales ordinarios, mientras que el Gobierno mexicano acusa a Ecuador de haber violado su soberanía al ingresar sin permiso en su embajada.

• Glas, que se considera inocente y víctima de persecución política, está encarcelado desde su detención en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Ecuador, donde un tribunal lo mantuvo recluido ya que tiene pendiente acabar de cumplir una pena de 8 años de cárcel por dos condenas (cohecho y asociación ilícita), pese a haber reconocido que su captura fue ilegal y arbitraria.