Fotografía: EFE/Lourdes Cruz.
Ciudad de México, México.

Un juez federal otorgó un amparo para suspender la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del tramo 5 del Tren Maya, uno de los megaproyectos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sureste mexicano.

El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió este recurso a buzos que desean proteger la selva y el acuífero , según anunció este lunes la organización Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano (DMAS).

“Se concede a J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D. la suspensión definitiva de los actos que reclaman al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando octavo. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa”, señaló la resolución del juez.

El amparo 884/2022 fue tramitado por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas el 30 de marzo pasado, motivado por la deforestación que se inició hace tres meses en Playa del Carmen, Akumal, Tulum y en los alrededores del lugar turístico conocido como Río Secreto.

Adrián Novelo, juez primero de distrito en Yucatán, concedió la suspensión definitiva a los promoventes, es decir, grupos de ambientalistas que se oponen al recorrido del tren por la selva.

Según DMAS, el juez concedió la suspensión al reconocer que la construcción no cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental, un requisito oficial que tenía que estar listo antes de haber iniciado la obra y consideró que “existe el peligro inminente que se ejecuten obras con daños irreversibles”.

Además, reconoció el interés legítimo de la organización de proteger los ecosistemas.

Aunque el recurso legal se llama “suspensión definitiva“, el Gobierno aún puede ganar un juicio, subsanar los documentos faltantes o recurrir a otras instancias para reactivar la construcción del tramo 5, que construyen los militares.

El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente López Obrador, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos (unos 10.236 millones de dólares), plantea construir cerca de  mil 554 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pero desde antes del arranque de las obras, en junio de 2020, algunas organizaciones civiles presentaron recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal.

En los últimos meses, activistas y actores crearon la campaña “Sélvame del Tren” que pide al Gobierno mexicano suspender el tramo 5, construido por el Ejército, por haber generado la tala de miles de árboles y contaminación a ríos subterráneos.

Esa campaña generó un encontronazo con el presidente mexicano, quien a principios de mayo aseguró que su Gobierno enfrentará los amparos en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya y acusó a “pseudoambientalistas” de promoverlos.

El mandatario ha defendido además el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que haya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pues ha dicho que es legal y está validado por la autoridad judicial.

Además, en diversas ocasiones ha reiterado que la obra se va a inaugurar en diciembre de 2023 y que su deseo es que sea un tren de pasajeros que regrese a México, tal como existe en otros países del mundo.

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