Ciudad de México, México.

La Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa entró hoy en funciones en México con promesas de dar finalmente justicia a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos "en el más breve plazo posible" e identificar a los culpables de esta tragedia, incluso si pertenecen a organismos públicos.

En el arranque formal de esta Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el decreto firmado por Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo claro "coadyuvar al esclarecimiento de la verdad".

"Y dar la satisfacción al justo reclamo de los familiares de los 43 normalistas, dando paso a la aplicación de justicia a los responsables de estos hechos, sin importar quiénes hayan sido ni qué cargos ocupaban", puntualizó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías municipales corruptos de Iguala arrestaron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.

Padres y organismos internacionales denunciaron siempre irregularidades en las pesquisas y han pedido reiteradamente que se abran nuevas líneas de investigación que aborden la posible participación del Ejército y la Policía Federal.

Con el arribo al poder del izquierdista López Obrador el pasado 1 de diciembre, la petición de investigar al Ejército podría hacerse realidad tras años de negativas por parte de la anterior administración de Enrique Peña Nieto.

"No es una comisión para dilatar el esclarecimiento de los hechos o complicar la intrincada red que ha impedido conocer la verdad", puntualizó la ministra, exmagistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con estas palabras, Sánchez Cordero -acompañada del canciller Marcelo Ebrard y altos funcionarios de Hacienda, padres de desaparecidos y miembros de ONG- dio por formalizada la instalación de esta mesa, que da cumplimiento al decreto firmado por López Obrador el 3 de diciembre, el primero de su mandato.

Sánchez Cordero remarcó que, en este mediático caso, "no se parte de cero" ni se está "a ciegas" gracias a pesquisas previas por parte de investigadores independientes, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También afirmó que se tomarán "los aspectos rescatables" del expediente oficial, y todo ello con la "firme voluntad" de completar las investigaciones.

En su turno de palabra, el subdirector del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, deseó que la alternancia política permita llegar a la verdad.

"El reto que enfrentamos como comisión no es menor, porque deberá romper los pactos de impunidad que impiden saber cabalmente qué pasó en el caso Ayotzinapa", apuntó.

Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascensio Bautista, recordó la desesperación que supone para los padres y madres no conocer el paradero de sus hijos, tras cuatro años y tres meses.

"Desde que empezó, (el Gobierno) se burló de nosotros como padres y madres de familia", resaltó.

En su turno de palabra, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, detalló que la Comisión estará integrada por tres padres o madres de los jóvenes desaparecidos, tres funcionarios del Gobierno federal, una organización civil y un secretario técnico.

Se reunirá periódicamente y dará a conocer los avances de manera semestral.