Guadalajara, Jalisco.

Con apenas 54 días a cargo del Poder Ejecutivo de Jalisco, organizaciones de la sociedad civil, principalmente de mujeres, catalogaron al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez como “no ciudadano”, luego del ‘albazo’ que aplicó la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local para aprobar la liquidación del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).

La propuesta del Gobernador de eliminar el IJM para que las políticas públicas de la mujer sean llevadas por la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva fue aprobada en comisiones el viernes y su primera lectura en el pleno del Congreso de Jalisco estaba programada para este miércoles; sin embargo, el presidente del legislativo, Salvador Caro, incluyó la votación de la iniciativa en la orden del día ayer martes y fue aprobada por 20 votos de las bancadas de MC, PRD, PT, y el Verde.

Minimizan a las instituciones en pro de las mujeres en Jalisco

“’Madruguete’ y ‘albazo’ son términos que estaban ya en desuso en lo que nosotras creíamos que era una nueva política (…) Lo que ocurrió ayer aquí fue exactamente lo contrario: se legisló en lo oscurito, de espaldas a la ciudadanía, se violentaron procesos legislativos y se violentaron los derechos de las mujeres”, afirmó la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Guadalupe Ramos Ponce.

En rueda de prensa convocada por 20 organizaciones de la sociedad civil, Ramos Ponce explicó que con la eliminación del IJM los diputados deshicieron el organismo rector de la política pública de los derechos de la mujer en Jalisco y contravienen tratados internacionales a los que está sujeto el Estado Mexicano, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

“No es cierto que nos elevan a grado de Secretaría; nos bajan por lo menos cinco niveles de ese órgano rector que ya teníamos”, afirmó la coordinadora de CLADEM.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Rosalía Orozco Murillo, advirtió que la falta de escucha de la administración alfarista y de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso es un mensaje de que “la ‘refundación’ será a su manera, o no será”.

“Esta administración manifiesta abiertamente respetar la trayectoria y experiencia de las organizaciones, pero al final termina despreciándolas desconociendo las acciones colectivas que han marcado a la entidad por décadas”, afirmó Orozco Murillo.

Fátima López, integrante de los colectivos TÓMALA y Magistrada Ya, previno a las organizaciones de la sociedad civil de Jalisco del trato que podrían recibir del gobernador, Enrique Alfaro, durante el resto del sexenio.

“Las organizaciones que están aquí se están dando cuenta de que, así como nos tratan a nosotras –las mujeres-, las van a tratar a todas las organizaciones, porque no están de acuerdo con que la ciudadanía activa demuestre que las cosas se están haciendo mal. Y cuando se dan cuenta de que sí estamos presentes y sí conocemos, nos descalifican (…) Eso sí es violencia política: cuando constantemente están diciendo que una mujer está loca, que es mentirosa, que está engañando”, sentenció Fátima López.

Las organizaciones de la sociedad civil que convocaron a la rueda de prensa “El Movimiento no es ciudadano” fueron Magistrada Ya, Calle sin acoso, G10 por Jalisco, PARITEC, TÓMALA, IMDEC, Jalisco Cómo Vamos, AMEDI, CEPAD, Portavoces de Paz, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Colectivo de Mujeres Ecologistas de la Huisachera, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, El Jardín de la Esperanza, Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe, Red de Mujeres Insurgentes, Centro para la Prevención y la Atención de la Violencia de Género y Abuso Sexual, Colectivo de Abogadas y Abogados y el Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El Salto.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes diputadas de las fracciones del PRI, PAN y Morena, quienes anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la eliminación del Instituto Jalisciense de las Mujeres.