Ciudad de México, México.

El gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra quien la Fiscalía mexicana emitió este miércoles una orden de arresto, señaló que esa decisión es por "motivos políticos" y "se tomó en Palacio Nacional", despacho y casa presidencial.

En un comunicado, el mandatario estatal, acusado de corrupción y sobre el que pesan dudas sobre su desafuero, dijo que la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador "se usa la Justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión de su gobierno, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive".

"No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundida en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional", apuntó García Cabeza de Vaca, quien no ha sido detenido.

Además, dijo que "en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso se ha girado orden de aprehensión en mi contra", esto a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantenga vigente e intocable el fuero constitucional.

"No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país", agregó.

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) de México consiguió una orden de arresto por delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito contra el mandatario estatal.

"Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto", confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de México.

La declaración de Monreal, coordinador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), ocurrió momentos después de la decisión de la Fiscalía.

Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció "el congelamiento de cuentas de la red" del gobernador, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que abarca a 12 "personas físicas y 25 jurídicas".

La Fiscalía consiguió la orden de captura pese a que existe una controversia constitucional sobre si García Cabeza de Vaca, del derechista y opositor Partido Acción Nacional (PAN), perdió su fuero.

Más tarde, el Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Gobernación (Interior), informó que emitió una alerta migratoria a nombre de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía.

En comunicado, el INM dijo que dicha petición es "con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional".

EL DESAFUERO

La Cámara de Diputados aprobó el 30 de abril la solicitud de Fiscalía de desaforar a García Cabeza de Vaca, pero momentos después el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador.

Apenas el viernes, la Suprema Corte de México desechó un recurso del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador.

Pero este martes el presidente López Obrador pidió al mismo tribunal "resolver con claridad" si el gobernador mantiene su inmunidad porque su declaración es "ambigua".

El caso contra el gobernador opositor genera interés porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1,900 Ayuntamientos.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).