Ocotlán, Jalisco

Jalisco ya cuenta con el instrumento para garantizar el registro y memoria documental de la sociedad y sus instituciones públicas, ya que este 20 de noviembre, un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, entró en funciones la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así lo dio a conocer la titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.

La funcionaria comentó que la ley comenzó a surtir efectos para los sujetos obligados del estado, que son alrededor de 450 y habló sobre las cuestiones más importantes que establece:

“Esta ley que comienza el día de hoy, establece entre las cuestiones más importantes y sobresalientes que se deberá conformar el Consejo Estatal de Archivos de Jalisco, que será la máxima autoridad en el tema; este consejo debe de estar constituido a más tardar el último día de febrero de 2020”.

Por su parte, cuando fue aprobado el decreto que expide esta ley, el 7 de noviembre, la diputada Priscilla Franco Barba, destacó que en su elaboración participaron casi 200 especialistas y habló sobre sus beneficios:

“Con la entrada en vigor de esta legislación, se está regulando el acceso a la información contenida en los archivos y se está fortaleciendo la rendición de cuentas, se regula la organización y funcionamiento institucional de los archivos de los sujetos obligados, se promueve el uso y aprovechamiento de tecnologías para mejorar la administración de los archivos, se contribuye al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria y se fomenta la cultura archivística y el acceso a los archivos, entre otras muchas aportaciones”.

La titular del ITEI destacó que con esta Ley se podrán realizar auditorías archivísticas, las cuales deberán realizarse durante el siguiente año y que además se homologan y clarifican los métodos y obligaciones, proceso y técnicas que deben de atender todas las autoridades en Jalisco. La ley determina que se sancionará a quien impida u obstaculice injustificadamente la consulta de archivos, las multas irán desde los 844 hasta los 126 mil pesos.

Por Luis Felipe García

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