"Anoche se halló un artefacto explosivo. El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) lo retiró", señaló en redes sociales el legislador Luis Silva.

Según los parlamentarios, se trató de una granada fragmentaria hallada sobre la medianoche del viernes por la militar Guardia Nacional a las puertas del salón de sesiones.

"Solo ellos pudieron colocar un explosivo. La dictadura no nos va a detener con amenazas. Hoy 5 de enero se instala la nueva directiva de la Asamblea Nacional", indicó por su parte la diputada Delsa Solórzano, al recordar que el edificio está bajo custodia de la Fuerza Armada.

Como es habitual en el arranque de la legislatura, la sede de la Asamblea Nacional, en el centro de la ciudad, amaneció con fuerte presencia militar, constató la AFP.

Efectivos de la Guardia Nacional mantenían cerradas las vías de acceso al Palacio Legislativo.

Un funcionario del recinto declaró a la AFP que agentes del Sebin realizan "un barrido" del lugar.

La Asamblea Nacional elegirá este sábado una nueva junta directiva y prevé declarar ilegítimo el nuevo mandato de Maduro, que comenzará el próximo jueves.

El viernes el Grupo de Lima, apoyado por Estados Unidos, pidió al mandatario socialista abstenerse de juramentarse y ceder el poder al Legislativo hasta que se realicen "elecciones presidenciales democráticas".

El gobierno venezolano, por su parte, acusó a Canadá y los 12 países latinoamericanos que firmaron la declaración de "alentar un golpe de Estado".

Maduro, de 56 años, fue reelegido el pasado 20 de mayo en comicios anticipados por la Asamblea Constituyente, órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó al Parlamento.

Las votaciones, boicoteadas y denunciadas como un fraude por la oposición, son desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El desconocimiento de Maduro en el Parlamento venezolano, sin embargo, está destinado a ser un acto puramente simbólico pues sus decisiones son anuladas por el máximo tribunal -de línea oficialista-, que lo declaró en desacato desde que asumió en 2016.