Lima, Perú.

Una histórica condena contra la deforestación ilegal de la Amazonía peruana puede quedar anulada si la Justicia del país da la razón a la apelación presentada por la empresa Tamshi, del conglomerado del magnate checo-estadounidense Dennis Melka, responsable de haber arrasado unas 2 mil hectáreas de selva.

Tamshi, antes llamada Cacao del Perú Norte, quiere librarse así de la sentencia en primera instancia por este caso, que en julio del año pasado condenó a la empresa a pagar una indemnización de 15.7 millones de soles (unos 4.3 millones de dólares).

Asimimismo, su gerente general, Rubén Antonio Espinoza, fue condenado a ocho años de prisión que todavía no cumple por encontrarse en paradero desconocido, prófugo de la Justicia, mientras que los extrajabadores Ernesto Vega y Giovanni Cubas fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida (sin ingreso a la cárcel).

La apelación de la compañía para ser absuelta de estas penas iba a ser evaluada este viernes por la sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, la región más grande de la Amazonía peruana, pero el tribunal aplazó la audiencia hasta el miércoles 14 de octubre.

A ORILLAS DEL RÍO AMAZONAS

La zona deforestada se encuentra en Tamshiyacu, una pequeña población en la ribera derecha del río Amazonas que pertenece al municipio de Fernando Lores. Allí, en el llamado fundo Tamshiyacu, la empresa taló indiscriminadamente casi 2 mil hectáreas de selva para implantar cultivos extensivos de cacao.

El caso se remonta a 2010, cuando Cacao del Perú Norte, filial de la corporación extranjera United Cacao, compró 3 mil hectáreas en el fundo Tamshiyacu a 60 pobladores de la localidad, quienes las habían recibido para labores agrícolas por ser desplazados del conflicto armado interno de Perú (1980-2000).

Esto fue aprovechado por la empresa para, según testimonios, adquirir los predios con la intención de plantar cacao, pero presionando, amenazando y engañando a la población.

Durante la investigación se demostró que el fundo está catalogado como tierra forestal, por lo que no está permitido realizar actividades agrícolas, según lo señala la ley forestal.

Pese a la normativa, la empresa taló los bosques sin tener autorización alguna ni estudios de impacto ambiental, pues ni siquiera el Ministerio de Ambiente aprobó su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un documento necesario antes de talar cualquier árbol.

DEFORESTACIÓN SIN PERMISOS

En 2013, los habitantes de Tamshiyacu decidieron denunciar a la empresa por los perjuicios a su localidad y, tras un largo proceso de seis años que fue obstaculizado por la compañía, la Justicia halló a Cacao del Perú Norte culpable de los delitos de "tráfico ilegal de productos forestales y maderables" y "obstrucción agravada de procedimientos".

"A lo largo del proceso judicial se ha demostrado que omitieron el cumplimiento de las normas sectoriales ambientales y forestales", aseguró en un comunicado el director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Jean Pierre Araujo.

Por su parte, la oficial del proyecto de Oxfam en Perú Clemence Abbès indicó que "ratificar la sentencia contra Cacao del Perú Norte es fundamental en la lucha contra la deforestación en la Amazonía, pues envía una señal clara hacia actores del sector privado agroindustrial de que este tipo de infracciones no quedarán sin sanciones".

Abbès destacó que también la labor de Alberto Caraza, el fiscal a cargo del caso, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Iquitos, quien "recibió presiones y amenazas de destitución después de la sentencia histórica del 2019 y no cuenta con ninguna protección". "Hay fiscales que se la juegan por la Amazonía", apuntó.

United Cacao, matriz de Cacao del Perú Norte creada en el paraíso fiscal de Gran Caimán, cotizaba hasta 2017 en la Bolsa de Valores de Londres, de la que fue retirada tras la protesta presentada por 60 organizaciones indígenas y de la sociedad civil.