Ocotlán, Jalisco

Está por terminarse el año y, una vez más, la búsqueda de las y los desaparecidos en México ha dejado mucho que desear, pues a pesar de que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto era una obligación de todas las instituciones del Estado, la realidad no cambió para las familias que siguen a la espera de sus seres queridos.

Desde la reinstalación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que arrancó el pasado 4 de febrero, se acordó relanzar también el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas donde se invitó a participar a familiares de desaparecidos, organizaciones civiles, organismos internacionales, universidades públicas y privadas; así como a diferentes instancias gubernamentales.

Este Sistema Nacional tiene la titánica tarea de localizar a las 40 mil personas que el Estado reconoce oficialmente como desaparecidas y devolver la identidad a los más 26 mil cuerpos de personas fallecidas no identificadas que hoy existen en los distintos servicios médicos forenses y panteones de todo el país.

Pese a que este relanzamiento, ocurrido el 24 de marzo de 2019, los colectivos de familiares de desaparecidos agrupados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos han denunciado que el cambio de administración federal sólo ha prolongado su tortuosa espera, lo cual contribuye a extender la dilación de la justicia y la impunidad en todos los casos.

Entre las acciones que debería realizar y coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas están: 1) Registro Nacional de Personas Desaparecidas; 2) Registro Nacional de Fosas Clandestinas; 3) Registro de Detenciones; 4) Registro Nacional Forense; 5) Protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas; y 6) Protocolo homologado de exhumación de cuerpos de fosas clandestinas. Estos dos últimos aprobados recientemente.

Para ello, las autoridades federales aseguraron que se garantizarían todos los recursos públicos que fueran necesarios para que los tres órganos de gobierno enfoquen sus estrategias en la localización (con vida y, lamentablemente, sin ella) de todos los desaparecidos, así como en la investigación y cese del delito.

Aquí es donde ha faltado mucha claridad porque, si bien, existe un nuevo discurso en torno a las desapariciones y un reconocimiento tácito de las omisiones del Estado, el fondo ha permanecido intacto, ya que en los procesos microsociales que a diario experimentan las familias en su relación con ministerios públicos, policías investigadores, comisionados de búsqueda y/o titulares de las fiscalías especializadas en el tema persisten prácticas que mayoritariamente apuntan a: la criminalización de las víctimas; la no investigación de los casos; las pocas búsquedas en campo; la prioridad de la búsqueda en muerte y no en vida; así como las nulas estrategias de seguridad para inhibir la comisión del delito.

Por ello, el viejo adagio de la política que asume que “la forma es fondo” puede observarse plenamente en las acciones públicas que se han anunciado en torno a las desapariciones, ya que el Estado, en términos generales, no ha logrado revertir la tendencia en la comisión del delito, lo cual provoca que a diario se incremente el número de personas desaparecidas a localizar y, por ende, el número de indagatorias, expedientes y/o averiguaciones previas que se generan para localizar a todos los perpetradores de este delito de lesa humanidad.

Esto, desde hace varios años, ha colapsado a todas las estructuras que se han creado para localizar a cada uno de los desaparecidos, pues no se tiene ni el marco institucional ni el recurso humano para hacer frente a esta tragedia.

Por ejemplo, en Jalisco -espacio donde he focalizado mi análisis sobre las desapariciones- hasta el pasado mes de septiembre tiene un registro oficial de 8 mil 382 personas desaparecidas; sin embargo, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, adscrita a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), tiene asignados para su búsqueda a cinco ministerios públicos y un promedio de 20 policías investigadores. 

Si echamos cuentas del trabajo que tienen a cuestas significa que cada ministerio público coordina la investigación de 1,676 casos, mientras que un policía investigador asume la tarea de buscar en campo a 419 personas; y a esto habría que sumar las 15 denuncias diarias por desaparición que, en promedio, se reciben actualmente en la FEJ. 

Aquí es donde todo plan o estrategia de búsqueda encuentra sus verdaderos retos porque mientras la aplicación de recursos públicos no se destine realmente a robustecer a las entidades obligadas a la búsqueda de personas y mientras la comisión del delito no se inhiba, el círculo de impunidad seguirá creciendo día con día.

Así mismo se requiere que todo el sistema y quienes lo integran modifiquen también la manera de percibir no sólo el delito sino también a las víctimas de éste, ya que se podrá tener mayor recurso y personal, pero si no se tiene el conocimiento ni la sensibilidad para atender y responder a la altura de esta tragedia, el fondo -como ya expresé- se mantendrá intacto aunque por encima de éste se coloquen protocolos, registros y/o acciones de búsqueda coordinada en los tres niveles de gobierno.

Frente a esto también los ciudadanos de a pie tenemos muchas tareas pendientes; quizá, las más prioritaria sea el romper la indolencia frente a este grave problema y generar todos los extrañamientos que nos sean posibles porque no es normal, ni nunca lo será, el que vivamos en un país con más de 40 mil desaparecidos y 26 mil personas fallecidas a las que no se les ha logrado devolver su identidad. 

Así como tampoco es normal que las búsquedas e investigaciones de los casos recaigan en los familiares de las y los desaparecidos, mientras el Estado Mexicano aún sigue definiendo cuál será la mejor estrategia de búsqueda. 

Por Darwin Franco