Ocotlán, Jalisco

De las múltiples violencias machistas que viven las niñas y las mujeres a lo largo de su vida, son las del ámbito sexual las que se encuentran (con firmeza) enraizadas en lo social, cultural, político, económico, jurídico, y demás, de un sistema  de justicia patriarcal.

Se construye la culpa y la vergüenza en el cuerpo de las víctimas y se tejen alrededor de las violencias sexuales otras más, incluyendo las violencias institucionales y la justicia patriarcal.

El caso del funcionario de Puerto Vallarta, sorprendido abusando sexualmente de una menor de edad, es emblemático, pues refleja la impunidad. Debería darle vergüenza al Congreso de Jalisco no haber reformado ya el delito de abuso sexual infantil y realizado las reformas legislativas integrales en torno a las violencias sexuales.

Es vergonzoso también el papel de la Fiscalía, que realiza investigaciones pésimas y consignaciones peores, que lo único que propician es garantizar la libertad de los delincuentes.

El pasado 30 de julio se dio a conocer que el Comisario de Seguridad en Puerto Vallarta, Misael López Muro, separó del cargo al jefe de Recursos Humanos de la dependencia, de nombre Luis Alonso, luego de que cuatro días antes fuera detenido en la colonia Progreso por elementos municipales, quienes lo sorprendieron al interior de un vehículo realizando actos sexuales con una menor de 10 años edad, quien a su vez se encontraba desnuda y a la que rescataron los propios uniformados.

El ahora exfuncionario fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía estatal para que determinara su situación legal. Sin embargo, Luis Alonso podría salir libre y sin antecedentes penales, luego que el juez del caso retiró la agravante del delito de tentativa de abuso sexual infantil, por lo que el imputado puede alcanzar la suspensión condicional del proceso por las omisiones y graves faltas en la integración de la Carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, omisa en no perseguir más de dos agravantes.

Lo anterior al no acreditarse el delito de corrupción de menores desde un principio y como corolario de las barbaridades cometidas está lo dicho  por el propio fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, quien señaló que: “los peritos no encontraron huellas de abuso sexual ni maltrato, aunque sí daños psicológicos”.

Sin duda, esos dictámenes son parte de este engranaje de violencia institucional que sustenta la justicia patriarcal. Es increíble que no adviertan la violencia sexual que sufrió esta niña de 10 años al ser subida por la fuerza al vehículo de este funcionario municipal, quitarle la ropa y realizarle tocamientos en su cuerpo.

En Colombia, el Consejo de Estado sostuvo a través de un fallo reciente (Consejo de Estado, Sentencia7600123310002010007501 (54271), Abril 24/20), que para la demostración de la violencia en los delitos sexuales no es necesario que la víctima muestre signos de agresión en el cuerpo o afectación de su salud física. A su juicio, las investigaciones penales de casos como este deben estar orientadas a valorar suficientemente el testimonio de la víctima, evitando la revictimización y previniendo y eliminando cualquier forma de discriminación.

En Colombia, el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la violencia sexual en la Corte Suprema de Justicia es el producto de una valoración de las pruebas con enfoque de género. En Jalisco, hace falta esa justicia con perspectiva de género, pero sobre todo, hace falta que se erradique la violencia sexual arropada en la impunidad de la justicia patriarcal.

Por Guadalupe Ramos Ponce