Ocotlán, Jalisco
Desde el año 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución A/RES/65/209, reconoce la entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con lo que se reconoce el incremento de las desapariciones forzadas “o involuntarias” en diversas regiones del mundo.
En ese momento nadie hubiese imaginado que en México la cantidad de personas desaparecidas alcanzaría, según las cifras oficiales, las 40 mil personas; cifra que podría quedarse corta si tomamos en consideración que el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos -que agrupa a más de 70 colectivos de familiares de desaparecidos en el país- afirma que por cada denuncia por desaparición que se presenta existen dos más que no se hacen ya sea por miedo, desconfianza en las autoridades o por amenazas a los familiares.
Estamos sumidos en una grave crisis a la que no se le ve final, ya que si lo que anteriormente señalé es cierto tendríamos en este país más de 120 mil desaparecidos.
En Jalisco, la situación es igualmente alarmante, ya que del 1 de enero de 2006 al 31 de julio de 2018, existen en la entidad 8 mil 864 personas las desaparecidas. El gobierno actual de Enrique Alfaro, sin embargo, asegura que el número real de desaparecidos es de poco más de mil 500 personas, ya que el resto -aseguran sin ofrecer ningún tipo de pruebas- son personas no localizadas, pues se considera que su ausencia no está relacionada con la comisión de un delito.
Lo cierto es que pese a la insistencia discursiva en las expresiones políticas, las y los desaparecidos les importan muy poco a las autoridades, ya que no existen reales mecanismos de búsqueda ni en vida ni inmediata, tal y como marcan “Los Principios Rectores para la búsqueda de personas desaparecidas” que recientemente la Organización de las Naciones Unidas presentó en Guadalajara.
Este 30 de agosto deberíamos de acompañar el paso de las familias que en Jalisco y en todo el país realizarán marchas, protestas o acciones de memoria, ya que los desaparecidos nos faltan a todos y nos toca estar a la altura de la lucha que sus familias, principalmente sus madres, han dado no sólo para buscarlos, sino también para denunciar todas aquellas deficiencias gubernamentales que están permitiendo que más personas desaparezcan (en Jalisco, al menos, 14 por día) y que, a la par, menos personas estén siendo localizadas.
Nos toca salir a las calles a recordar que todos ellos nos faltan. Tenemos salir para exigir el regreso con vida Adrián Ponce Morales y César Ulises Quintero García, estudiantes del CUCI, que no han regresado a casa desde el 31 de julio de 2019 y el 4 de agosto de 2017.
Por Darwin Franco
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