Ciudad de México, México.

La nueva terminal aérea en una base militar que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para aliviar al saturado aeropuerto de Ciudad de México será administrada por el ejército y sus rentas irán a las arcas castrenses, anunció el mandatario este domingo.

Tras cancelar un millonario proyecto para construir un nuevo aeropuerto impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador aboga por modernizar el actual aeropuerto y construir terminales alternas en zonas aledañas a la capital.

"Se resolvió construir aquí, en esta base militar de Santa Lucía (estado de México), el nuevo aeropuerto civil para la Ciudad de México" y así "resolver el problema de la saturación", dijo el mandatario en un evento político.

Santa Lucía, que funcionará de manera paralela al aeropuerto internacional que ya opera en la capital mexicana, "va a estar administrado por la secretaría de la Defensa, desde luego, con la normatividad de la secretaría de Comunicaciones y Transportes", explicó el mandatario.

"La renta, los beneficios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía, van a ser transferidos a la secretaría de la Defensa para fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo de nuestro país", subrayó.

Según López Obrador, esta terminal aérea estará operando "a más tardar en tres años", y se planea la incorporación del aeropuerto de Toluca, en el estado de México, a este sistema de terminales de la capital.

Analistas financieros han criticado la decisión de cancelar el primer proyecto de nuevo aeropuerto -que costaría 13 mil millones de dólares- y advierten que esto podría afectar seriamente la recepción de inversiones extranjeras en México.

Sin embargo, López Obrador dijo que la terminal de Santa Lucía permitirá ahorrar alrededor de 100 mil millones de pesos y que ya existe un decreto presidencial de 1978 para que esta base militar funcione como aeropuerto civil.

El gobierno de México lanzó en diciembre una oferta de recompra de mil 800 millones de dólares en bonos emitidos para la construcción del proyecto que fue cancelado, tras una polémica consulta ciudadana que López Obrador realizó antes de asumir el poder el 1 de diciembre.