Washington, Estados Unidos.

Las autoridades en la frontera de Estados Unidos con México separaron a más menores de sus familias de los reconocidos oficialmente, según un informe publicado hoy por la oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales.

Dicha oficina calcula que "miles de niños separados" de sus familias han quedado bajo custodia de la Administración estadounidense desde 2017, un año antes de que Trump anunciara su "política de tolerancia cero" para los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera.

"El número total de niños separados de sus padres por las autoridades fronterizas es desconocido", indica el documento en su primera página, aunque un tribunal federal estimó en 2 mil 737 los menores afectados.

Una orden judicial obligó a reunificar a las familias divididas en la frontera por la aplicación de las medidas de "tolerancia cero", impuestas en mayo y junio de 2018 por el Gobierno, pero esta disposición no se implementó para aquellos niños separados antes de esta fecha.

Por tanto, algunos podrían haber sido entregados a familiares o tutores, pero no se sabe cuántos han sido reunificados exactamente, admite el informe.

Dicho departamento indicó que "no puede ofrecer información más específica sobre la ubicación de estos niños", porque "los sistemas de rastreo en uso durante aquel tiempo eran informales y diseñados para fines operativos en lugar de para realizar seguimientos retrospectivos".

A pesar de que no hay ningún registro concreto sobre los menores inmigrantes, el personal de la Oficina de Reasignación de Refugiados reconoce que observó un incremento "significante" en la proporción de niños separados, asegura la oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales.

Bajo la Administración del expresidente Barack Obama, la proporción de separaciones familiares entre todas las entradas al país era del 0,3% a finales de 2016 y subió hasta el 3,6% en agosto de 2017.

Así, la Oficina de Reasignación de Refugiados ya detalló en noviembre de 2017 que los niños "eran muy jóvenes" y se requería que fueran ubicados en instalaciones con licencia especial pero que "había falta de camas disponibles" para ellos.

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) anunció hoy en un comunicado remitido a Efe que llevará a los juzgados esta "última revelación".

"Esta política fue un cruel desastre desde el principio. Este informe reafirma que el Gobierno nunca tuvo una idea clara de cuántos niños separaron de sus padres", afirmó el director de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt.