Managua, Nicaragua.

Nicaragua, donde este miércoles el presidente Daniel Ortega y la oposición arrancan una nueva ronda de negociaciones en busca de una salida a la grave crisis política y económica, vive desde hace diez meses un movimiento de protesta antigubernamental duramente reprimido que ha causado 325 muertos.

Varios cientos de opositores han sido encarcelados y más de 50 mil nicaragüenses se han exiliado. A continuación la cronología de los acontecimientos:

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- Protesta por la reforma de las jubilaciones -

El 18 de abril de 2018, el gobierno presentó un proyecto de reforma de las jubilaciones con un alza de las cotizaciones y una baja de las pensiones, lo que desencadenó manifestaciones, iniciadas por estudiantes y duramente reprimidas.

El 22 se abandonó la reforma. La ola de protestas provocó 25 muertos en cinco días de enfrentamientos y de saqueos.

- La cólera se extiende -

La cólera popular persiste. El 23 de abril decenas de miles de trabajadores, estudiantes, campesinos y empresarios se manifestaron en Managua contra la represión.

La ONU reclamó una investigación independiente, y lamentó posibles "ejecuciones ilegales".

El 16 de mayo se abrió un diálogo tenso entre el presidente y la oposición bajo la égida de la Iglesia católica. A falta de un acuerdo sobre una democratización del régimen, el diálogo se suspendió después de una semana, y el 28 de mayo se decidió reanudar las negociaciones.

Amnistía Internacional denunció el recurso a grupos paramilitares para reprimir a los manifestantes.

- Llamado a elecciones anticipadas -

El 30 de mayo los empresarios tomaron distancia con el presidente.

Tras la muerte de 16 manifestantes, los obispos suspendieron las negociaciones.

El 7 de junio, la Iglesia presentó un plan de democratización con unas elecciones presidenciales anticipadas y reformas constitucionales.

- Huelga general -

El 11 de junio, las fuerzas de seguridad trataron de desmantelar las barricadas en todo el país y se reanudaron los episodios de violencia.

El 14, una huelga general paralizó Nicaragua con nuevos actos violentos que provocaron más muertes. Otras huelgas le siguieron.

El gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo un día después y autorizaron a observadores de derechos humanos a investigar los actos de violencia.

- Universidad y basílica atacadas -

El 18 de junio, se suspendió el diálogo de nuevo.

El 23 de junio, aumentó la represión, sobre todo alrededor de la Universidad nacional autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se atrincheraron decenas de estudiantes.

El 7 de julio, el presidente rechazó adelantar las presidenciales, calificando a los opositores de "golpistas".

El 9 de julio, fuerzas pro-Otega agredieron a prelados católicos en una basílica de Diriamba (suroeste).

El 16 de julio, se adoptó una ley sobre el terrorismo, que prevé hasta 20 años de prisión para los manifestantes.

- "Clima de miedo" -

El 31 de agosto Managua expulsó a la misión de Naciones Unidas sobre derechos humanos después de un informe que denunciaba un "clima de miedo".

El 1 de noviembre Washington calificó a Venezuela, Cuba y Nicaragua, de "troika de la tiranía" en América Latina.

El 23 la policía prohibió una manifestación de la oposición por participación en "un intento de golpe de estado".

- Sandinistas al margen de los socialistas -

El 19 de diciembre, el gobierno expulsó a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusándolas de "injerencia".

El 20 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una ley limitando el acceso de Nicaragua a los préstamos internacionales.

Al día siguiente, la policía hizo suspender la difusión de una cadena de televisión crítica con el poder y arrestó a su director, acusado de "terrorismo".

El 29 de enero de 2019, la internacional socialista excluyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por violación de los derechos humanos.

- Anuncio de negociaciones -

El pasado 21 de febrero, Ortega anunció "negociaciones" para el día 27 con la oposición para tratar de poner fin a la crisis política.

El 22 de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció la "criminalización" de los opositores y exigió su puesta en libertad antes de cualquier diálogo. El mismo día se suspendieron los procesos de al menos trece opositores.