Guadalajara, Jalisco.

A pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les ordenó que no lo hicieran, el Supremo Tribunal de Justicia ha contratado pólizas de seguros de gastos médicos mayores para 331 magistrados, jueces y funcionarios, desacatando la orden de la máxima instancia judicial del país. En Octubre del 2014 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios que entró en vigor el primer día del 2015. En ésta ley queda prohibida la contratación de seguros de gastos médicos mayores, misma a la que se opuso el Poder Judicial al considerar que contravenía al principio de la división plena de poderes y violaba la autonomía de la gestión presupuestal de dicho poder. Por lo que el Magistrado Presidente en turno, Luis Carlos Vega Pámanes promovió la controversia constitucional 8/2015, misma que la Corte determinó el 23 de mayo del 2016 que no contravenía la autonomía del Poder Judicial del Estado, y tampoco violenta los principios de legalidad y seguridad jurídica como se argumentó en la controversia, y por tanto ordena a los magistrados que se sujeten a la legislación vigente. Sin embargo, de acuerdo al acta de sesión ordinaria de la comisión permanente de adquisiciones y enajenaciones del Supremo Tribunal de Justicia realizada el 22 de Mayo, los magistrados discutieron la contratación del Seguro de Gastos Médicos Mayores para magistrados, coasegurados y funcionarios que integran a este poder. El documento autorizado por la Comisión de Adquisiciones que preside el Magistrado Presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves avaló la contratación anual de Seguro de Gastos Médicos Mayores para 331 personas con la empresa GNP, Grupo Nacional Provincial, S.A.B por un monto superior a los 10 millones de pesos, el cual tendrá vigencia del 29 de mayo de este año, hasta el 29 de mayo del 2019. La contratación de seguros médicos por un año más en 2018 fue ratificada por el pleno el 25 de mayo, sin importar a los magistrados lo que establece la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y Sus Municipios en su Artículo 10: “Por ningún motivo se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias, como lo señala el segundo párrafo del artículo 111 de la Constitución del Estado. No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privado para ningún servidor público, salvo que por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación”, dicta la ley. Esta no es la primera vez que, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado contrata los servicios, sino la tercera desde que la Corte resolvió a favor de la austeridad, sin embargo, el poder ha sido omiso y ha continuado con éste beneficio. Se buscó al Magistrado Presidente, Ricardo Suro, para conocer por qué siguen contratando estos servicios cuando están desacatando una disposición de la Corte, sin embargo “por cuestiones de agenda” no atendió la entrevista. No obstante, la justificación dada por la institución es la siguiente: “Nosotros estamos sustentando el gasto de seguros médicos porque es un derecho adquirido de un trabajador que lleva años en el Poder Judicial. Es un criterio que tomó la institución de que no puede acatar algo coartándole un derecho al trabajador”.“La Suprema Corte no prohíbe, dice que acatemos la ley, pero no dice a qué apela en ese sentido”, justifican. El supremo tribunal asegura que los empleados y funcionarios han adquirido este derecho por los años trabajados, previo a la aprobación de la Ley de Austeridad. Sin embargo, en la póliza de 2018 aparecen 15 nuevos beneficiarios. Al respecto, respondieron: “No puede haber una diferenciación en cuanto a las prestaciones que percibe un juez con otro juez o un magistrado con otro magistrado, porque son pares. Aunque haya entrado en otro año, no hay de primera ni de segunda. Ese es el criterio que asume la institución”, sostienen. Esta legislación no sólo les prohíbe a los magistrados gastar en seguros de gastos médicos, también los restringe de bonos, percepciones extraordinarias y la designación de secretarios privados y gastos de comunicación social. La negativa de los magistrados para acatar esta legislación, también se refleja en la ausencia del Reglamento de Austeridad y Ahorro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que aún no se encuentra en la normativa de éste poder, y que de acuerdo al último informe anual de labores del Poder Judicial presentado en diciembre pasado, éste documento se encuentra en revisión de las propuestas de modificaciones. Ya que durante más de cinco meses los magistrados han mantenido en la congeladora la aprobación del reglamento de austeridad. Esta fue la propuesta de cotización para la renovación de seguros: