Guadalajara, Jalisco.

Que termine el gasto discrecional en publicidad del Gobierno de Jalisco y los Ayuntamientos, exigen diputados locales del PAN, quienes presentaron una iniciativa como contrapropuesta a la Ley Chayote elaborada por el PRI.

El coordinador de la bancada del PAN, Miguel Monraz, señaló que así como Aurelio Nuño derrochó en publicidad, en Jalisco, no cantan mal las rancheras.

“El Gobierno del Estado ha gastado cerca del 50% más de lo autorizado, para rondar en mil 300 millones de pesos, cerca de 50% más de lo que autorizó el Congreso”.

“Y los Ayuntamientos gastaron 736 millones de pesos en los últimos cinco años, más lo que se acumule en este 2018, podríamos llegar a casi mil 800 millones de pesos”.

Dijo que los actuales esquemas violan la libertad de expresión porque la publicidad solo se la dan a los medios de comunicación que aplauden al gobierno e incluso muchos medios han desaparecido porque les retienen pagos.

Por ello, como contrapeso a la Ley Chayote presentada por diputados del PRI, el Grupo Parlamentario del PAN está impulsando una propuesta de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional local con las siguientes cuatro propuestas:

Propuestas:

1. Establecer como tope de gastos de comunicación social y publicidad, para los entes públicos de Jalisco, el 0.05% de su presupuesto anual, actualmente ese monto asciende al 0.30% del gasto anual.

2. Topar el gasto de comunicación de los informes de Gobierno al 12% del gasto anual en materia de comunicación de los entes públicos de Jalisco.

3. Crear el Consejo Consultivo de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Institucional del Estado, como un órgano responsable de vigilar que las campañas institucionales de publicidad se realicen conforme a la Ley, con facultades para emitir recomendaciones y medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los entes públicos locales. Estará integrado por representantes del Sistema Estatal Anticorrupción, de universidades, miembros de la industria de la Televisión, Radio y Editoriales, así como por el Auditor Superior del Estado.

4. Establecer sanciones para los servidores públicos que retrasen o condicionen el pago por los servicios de comunicación social de los entes públicos, así como sancionar con juicio político a los funcionarios de primer nivel, que rebasen el gasto de comunicación social previsto por las leyes locales.