Tegucigalpa, Honduras.

El juicio sobre el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres entró en una fase crítica ya que el juzgado pretende abrir la audiencia de pruebas este jueves, sin haber agotado la instancia de investigación, denunció este miércoles el abogado de la familia de la ecologista.

"Presentamos una petición para que la audiencia no empiece mañana porque falta periciar pruebas electrónicas, como celulares, tabletas, computadoras y un arma" de fuego con la que habrían disparado a la ecologista, dijo a la AFP el abogado Israel Madrid.

El letrado indicó que el tribunal tiene previsto llevar a cabo la audiencia entre este jueves y viernes, aunque la fiscalía "no ha podido revisar todas las pruebas".

"No creemos que la presentación de pruebas se pueda hacer en dos días", sin haber completado la revisión, por lo que "el juicio entra en una fase crítica", subrayó Madrid.

Además, la hija de la ambientalista, Berta Zúniga, advirtió que el juzgado ha convocado para el 10 de septiembre el inicio del juicio oral público, pero que antes se tiene que llevar a cabo la audiencia de presentación de pruebas de las partes, acusadora y defensora.

Según dijo, el juicio se abre para ocho de los nueve sospechosos porque el noveno, Daniel Castillo, está contemplado en un caso aparte.

A cuatro de los detenidos, añadió Zúniga, se les vence la prisión preventiva en noviembre, por lo que el tiempo apremia.

Nueve sospechosos están presos del asesinato de la coordinadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares el Indígenas de Honduras (Copinh), incluyendo a Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Cáceres fue asesinada por pistoleros que entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo del 2016 irrumpieron en su vivienda en la comunidad de La Esperanza (oeste).

Copinh y la familia de Cáceres declararon como sospechoso al personal de DESA que la había amenazado de muerte, por rechazar con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Gulacalque, en territorio lenca.

Ante las denuncias que había presentado, la ambientalista había recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).