Lima, Perú.
Un tribunal peruano concluyó el sábado la primera de las tres audiencias para determinar si vuelve a ordenar prisión preventiva para la opositora Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel hace un mes, en base a nuevas pruebas presentadas por la fiscalía en el escándalo Odebrecht.
"Hemos concluido la audiencia y el martes seguiremos a partir de las 09H00 local (14H00 GMT)", dijo el juez Víctor Zúñiga.
El magistrado dispuso que el caso de prisión preventiva a Fujimori solicitada por el fiscal José Domingo Pérez se evaluará en tres audiencias: el 28 de diciembre, el 31 de diciembre y el 2 de enero de 2020.
Durante la primera audiencia, el fiscal Pérez fue el único que expuso sin llegar a terminar. Sustentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva indicando que "existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Fujimori, a raíz de nuevas pruebas surgidas en las últimas semanas".
Aseguró que a Fujimori se le acusa de recibir dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, que buscaron llevarla sin éxito a la presidencia de Perú.
Además, sostuvo que "Keiko Fujimori formó una organización criminal dentro del partido Fuerza Popular para obtener activos ilícitos".
"Se le imputa que en la campaña del 2011 solicitó 1 millón de dólares a Odebrecht, así como la participación del empresario Ricardo Briceño para captar dinero efectivo en maletines entre empresarios y no fueron declarados al órgano electoral", dijo.
A la acusación de lavado de activos, Pérez sumó obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
La fiscalía obtuvo recientemente en Brasil una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien habría confirmado ante fiscales peruanos el aporte de 1 millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.
Keiko, de 44 años y madre de dos hijas (de 12 y 10 años), declaró recientemente: "No existe peligro de fuga porque así lo determinaron los jueces, y los presuntos peligros de obstrucción, el Tribunal Constitucional en su fallo que me dio libertad, los descartó".
La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) salió en libertad el 29 de noviembre, tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional había aceptado un habeas corpus a su favor, que anuló su encarcelamiento.
La opositora había sido enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir en las investigaciones de la fiscalía anticorrupción. Debía permanecer en prisión hasta abril de 2020.
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