Ciudad de México, México.

La batalla jurídica por la creación de una Comisión de la Verdad, las detenciones infructuosas y las expectativas por el cambio de Gobierno marcaron los últimos 12 meses del caso Ayotzinapa, que cumple cuatro años sin respuestas y sin poder desprenderse por completo de la llamada "verdad histórica".

Para los padres de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, hay una "luz de esperanza para inaugurar una nueva etapa de investigación en el caso", aseguró hoy a Efe Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y abogado de los familiares.

Esta esperanza viene materializada en la implantación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que fue ordenada por un tribunal mexicano en junio pasado.

Después de que la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la investigación, se declarara imposibilitada para acatar dicha sentencia, un órgano judicial paralizó la creación de la Comisión.

Sin embargo, una nueva resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió la semana pasada que la imposibilidad alegada por la PGR no existe, y que hay un "sustento constitucional, convencional y legal para su creación".

Aunque la indagatoria continuaría en manos de la Procuraduría, lo relevante de la Comisión de la Verdad es que "pone controles externos", permitiendo que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e instituciones internacionales "hagan en su conjunto una labor de supervisión de la investigación", refiere Patrón.

Es un factor indispensable ya que, cuatro años después de lo sucedido, la llamada "verdad histórica", como se conoce a la versión oficial de los hechos esgrimida por Enrique Peña Nieto, sigue teniendo peso en la narrativa del caso.

Recientemente, el mandatario expresó su "convicción de que pasó justamente lo que la investigación (oficial) arrojó", y que de ello hay pruebas "claras y contundentes".

Según este relato, los jóvenes fueron detenidos en el municipio de Iguala por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos. Estos últimos los mataron e incineraron en un vertedero de basura.

Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó en México una investigación que puso de relieve los vacíos e imposibilidades de esta versión (como el hecho de que los 43 jóvenes no pudieron ser quemados esa noche en el vertedero), así como irregularidades, entre ellas tortura a detenidos.

Estos expertos, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podrían volver al país para continuar las pesquisas, si da fruto la solicitud que ha hecho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El director del Centro Prodh reconoce que el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha demostrado un "cambio de narrativa" respecto a Peña Nieto, cuya Administración en los últimos años ha estado "más empeñada en cubrir a los funcionarios que crearon esta teoría" ya desmontada por expertos.

Pero "esta buena voluntad política sin duda hay que aterrizarla en hechos y actos concretos de Gobierno", advierte el abogado.

Las últimas detenciones alrededor del caso anunciadas por el Gobierno no han servido para el avance de la investigación.

El 28 de agosto se informó de la detención de un hombre identificado como Juan Miguel "N" y conocido con el sobrenombre "el Pajarraco", quien supuestamente habría estado implicado en el traslado de los estudiantes al vertedero, según la Secretaría de Gobernación.

No obstante, posteriormente "le dictaron auto de libertad por falta de elementos para procesarlo", señaló Patrón.

También se produjo la captura de otro supuesto involucrado, pero la CNDH aseguró que al detenido -que sigue preso- se le atribuyó "de manera equívoca" la identidad del miembro de Guerreros Unidos apodado "la Rana".

Lejos de los tribunales y de las altas esferas de poder, una de las noticias más tristes ocurridas a lo largo del año en relación con el caso Ayotzinapa llegó la noche del 4 de febrero.

Minerva Bello, madre de uno de los estudiantes, fallecía a causa de un cáncer, sin llegar a conocer el paradero de su hijo Everardo.