Tegucigalpa, Honduras.

El esperado juicio en Honduras contra ocho personas acusadas del asesinato hace más de dos años de la ambientalista Berta Cáceres, comenzó hoy, informó el Ministerio Público.

El juicio oral, previsto para este viernes, comenzó tras cuatro aplazamientos por la recusación del tribunal de sentencia por parte de la familia de Berta Cáceres.

En el proceso, "la prueba científica y demás diligencias investigativas recabadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, serán clave para que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida obtenga un fallo de culpabilidad", indicó el Ministerio Publico en un comunicado.

El juicio se celebra en el tribunal de sentencia, donde se sentaron en el banquillo de los acusados Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA,) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.

Todos están acusados del homicidio de Cáceres y también del asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.

La ambientalista hondureña se oponía al proyecto hidroeléctrico por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

Un equipo fiscal hará "lo propio para demostrar la vinculación de cada encausado con los hechos que se les imputan a través de más de 100 medios de prueba, entre ellos los análisis y pericias respectivas al arma con la cual le quitaron la vida a la líder ambientalista", subrayó el Ministerio Público.

Señaló además que las diligencias investigativas del Ministerio Público "continúan para determinar la implicación de otros autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres".

Añadió que en el juicio se aplicó "la separación y abandono de la acción privada en el sentido que si el acusador privado no comparece sin justa causa o se niega a colaborar para la práctica de la diligencia, el abandono será declarado de oficio a petición del fiscal o las partes".

Por este mismo caso, la Corte de Apelaciones de Honduras confirmó a finales de septiembre la prisión preventiva de un policía y un exagente policial, presos desde noviembre de 2017 presuntamente por aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas en la investigación del asesinato de Cáceres.

El investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales estaban asignados a la investigación del asesinato y son acusados por el delito de "inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos".

Por este asesinato, que conmocionó al mundo, también está detenido desde marzo el presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien es señalado como presunto autor intelectual del crimen en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.