Guadalajara, Jalisco. 

Integrantes de varias organizaciones de comerciantes ambulantes, locatarios, y propietarios de negocios en barrios como Santa Tere en Guadalajara, anunciaron las acciones legales que iniciaron contra el gobierno del Estado al ser afectados por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

Interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y ya recibieron las medidas cautelares que les permitirían regresar a trabajar en términos equitativos con los demás comercios a partir del próximo lunes 18 de mayo.

Así lo indicó Waldo Getsemani Ibarra, coordinador legislativo del Consejo Estatal de Organismos de la Sociedad Civil Jalisco (CEOSCIJAL), quien además destacó que el gobierno de Jalisco fue emplazado y debe cumplir en tres días con la protección a sus negocios.

Trascendió que en caso de que el gobierno del Estado no cumpla con la ordenanza de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para permitir que se le abran los negocios de los quejosos, acudirían a la vía del amparo tras considerar los afectados que sus derechos han sido violados de forma arbitraria, pues el gobernador no tiene la atribución legal para suspender las garantías de los ciudadanos.