Fotografía: EFE/Francisco Guasco
Guadalajara, Jalisco.

A dos años de los hechos ocurridos durante las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio de 2020 en las cuales, a manos de la Fiscalía Estatal de Jalisco, fueron detenidos ilegalmente alrededor de 100 jóvenes manifestantes a las afueras de dicha institución, aún queda pendiente el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral del daño a las víctimas.

Tanto la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), establecen que el Gobierno del Estado debe reconocer y emitir una disculpa pública a las víctimas de desaparición forzada; sin embargo, para el colectivo 5 de junio Memoria, la ruta que tomó el Estado no es ni de cerca su idea de justicia.

“No es la idea de justicia que nosotros tenemos. La justicia, la reparación integral, tienen que ver con una serie de puntos que no necesariamente incluye o se basan nada más en la cuestión de las sentencias y denuncias penales. Entonces, efectivamente, lo que más nos interesa a nosotros, y esto sí es una petición para el Gobierno de Enrique Alfaro y Enrique Ibarra también, que es el secretario de Gobierno”, puntualizó Inés.

Son dos años de impunidad que no se han reconocido los delitos que fueron, sino otros que son mínimos, y que hay un discurso, una narrativa, de culpar a otras personas externas de las movilizaciones, o de los malos resultados, o de que la Fiscalía está infiltrada. Una serie de declaraciones que cada una entorpece todavía más”.

Inés recalcó la importancia de que los delitos sean reconocidos como desaparición forzada y tortura, y no como uso excesivo de la fuerza, ya que ella recuerda que sí se trató de una desaparición forzada.

“Una de las grandes problemáticas de esa tarde fue que cuando las personas intentaron buscarnos e intentar saber cuál era nuestro paradero, ya nos habían sacado de las jaulas y nos habían repartido en diferentes puntos de la ciudad de Guadalajara en zonas altamente peligrosas y desconocidas”, recordó aquel día.

“No estamos hablando de penas de cárcel, pero la colectividad lo que necesita es una disculpa pública, que se reconozcan los actos y los delitos correspondientes porque no fue abuso de autoridad, fueron detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y tortura, y si no se nombra los delitos estamos minimizando incluso los hechos que ocurrieron el 4, 5 y 6”, finalizó.

Hasta el momento, los jóvenes que fueron privados de su libertad fueron incorporados al Registro Estatal de Víctimas. Sin embargo, no han sido reparados integralmente e incluso este se trata de únicamente uno de los puntos que las dos Comisiones de Derechos Humanos emitieron al Gobierno de Enrique Alfaro y la Fiscalía del Estado.

María Fernanda Lattuada Serment

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