Guadalajara, Jalisco.

Colectivas feministas exigieron a las autoridades penales y electorales de Jalisco agotar los recursos que prevé la ley para sancionar la violencia de género en que incurrió el presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada, en contra de una empleada del ayuntamiento quien previamente había interpuesto una queja por acoso sexual por parte de otro funcionario.

En rueda de prensa, Guadalupe Ramos Ponce, de Cladem, exigió que la Fiscalía dé celeridad al caso debido a que la agraviada, Diana, ya presentó una denuncia penal, mientras que también pidieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hacer lo propio para conseguir que se inhabilite a Quezada como funcionario público.

"Como medida cautelar, preventiva, exigimos la renuncia y separación del cargo del presidente municipal y del director de Padrón y licencias y se inicien procedimientos de responsabilidad en su contra, al Congreso del estado inicie juicio político contra el alcalde para ser destituido e inhabilitado para que no pueda ocupar en el futuro cualquier cargo público".

"Lo que el presidente municipal hizo es un delito, cometió un delito y si ya el secretario general de gobierno asesoró a Diana (…) también la debe asesorar para que obtenga justicia"

La académica y activista, acompañada de mujeres de más colectivos feministas, mencionó que tiene conocimiento de al menos dos casos más de violencia de género y acoso laboral en contra de trabajadoras del ayuntamiento de Tototlán, sin embargo no se han atrevido a denunciar por temor a represalias. Ante esto, Ramos Ponce urgió a las autoridades a revisar el caso de Diana y protegerla, debido a que evidencia una preocupante instalación del hostigamiento sexual en ese municipio.

"Hay una práctica y una sistematicidad en ese ayuntamiento particularmente de violencia contra las mujeres que hasta ahorita ha sido impune totalmente (…) Este es un caso que tiene que ser de ejemplo para que no se repitan esas conductas, se rompa el manto protector que han tenido impunidad todos los agresores, por eso tiene que ser el caso paradigmático, además los niveles que estamos hablando es del propio alcalde y estas violencias no se deben de permitir".

Ramos Ponce comentó que Diana tuvo que pedir licencia a su cargo sin goce de sueldo debido a la atmósfera hostil que le rodea, por lo que también pidieron que se le reintegre su salario en tanto hay condiciones de seguridad para que vuelva a laborar.

Además, denunció que la Secretaría de Igualdad Sustantiva le ofreció apoyo que consistió en un dispositivo de localización para pedir ayuda en caso de emergencia y en darle el número de un policía, pero no le ha facilitado acompañamiento sicológico o legal a pesar de que el alcalde de Tototlán, quien la cosificó y agredió con comentarios misóginos, es también su vecino.