Ciudad de México, México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció hoy irregularidades en la investigación del homicidio del periodista Pedro Tamayo en Veracruz en julio de 2016.
"Dirige la CNDH recomendación al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y al fiscal general del estado, Jorge Winckler, por la omisión de protección y auxilio, y por irregularidades en la investigación de un periodista ocurrido en el municipio de Tierra Blanca", apuntó el organismo en un boletín.
Pedro Tamayo, reportero de la fuente policiaca, fue asesinado a tiros fuera de su domicilio en Tierra Blanca el 20 de julio de 2016, en un caso muy mediático porque se habló de la posible participación de policías.
"En los hechos ocurridos el 20 de julio de 2016, el comunicador recibió disparos de arma de fuego mientras se encontraba al exterior de su domicilio, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde falleció", recordó el organismo.
La CNDH destacó que este había sido amenazado y se habían emitido medidas de protección.
Las investigaciones de la Comisión acreditaron violaciones a los derechos de seguridad jurídica y legalidad, así como una "irregular integración" de la carpeta de investigación por personal de la Fiscalía de Veracruz "en agravio del periodista y sus familiares".
El día del homicidio, por ejemplo, el equipo de policías responsable de su seguridad no acudió al domicilio refiriendo que habían sido convocados a una reunión, descuidando la seguridad del reportero, denunció el organismo.
Además, los servidores públicos de la Fiscalía de Veracruz encargados de las investigaciones no actuaron con la "debida diligencia" al omitir realizar acciones para su adecuada integración.
A ello se sumó la tardía atracción por parte de la Fiscalía Especializada y del Protocolo Especializado en la entidad.
De acuerdo con datos de la CNDH, en Veracruz se ha registrado del 2000 a la fecha el asesinato de 22 periodistas, siendo el estado con mayor número de homicidios de México.
Por estos hechos, la CNDH recomendó al Gobierno del estado de Veracruz reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima e inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas.
En tanto, a la Fiscalía General del Estado le recomendó agotar todas las líneas de investigación que permitan identificar, localizar, detener, judicializar y procesar a los probables responsables.
México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo y solo en 2018 fueron asesinados al menos a doce comunicadores, mientras que uno permanece desaparecido.
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