Guadalajara, Jalisco. 

La activista y académica Guadalupe Ramos Ponce celebró que el Tribunal Electoral de Jalisco resolviera que el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, sí incurrió en violencia política de género contra la regidora María del Refugio Camarena y le instruyera medidas de no repetición.

A decir de la también coordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM Jalisco, esta sentencia dicta un precedente positivo para desnaturalizar la violencia hacia las mujeres en la función pública, pues no son aislados los ataques a las políticas en alusión a su condición femenina para minimizarlas.

"Es tiempo también de no quedarnos calladas, de cuando se sufren violencias de esta naturaleza llevarlas hasta las últimas consecuencias, son procesos cansados, procesos largos, jurídicos y hay que invertirle tiempo, recursos y demás, entonces muchas veces las víctimas de estas violencias se desalientan por todos estos procesos, entonces aplaudir este trabajo que se está haciendo y el acompañamiento para que esto llegue hasta el final".

De acuerdo con la sentencia que emitió el Tribunal, el alcalde Héctor Álvarez está obligado a tomar medidas de no repetición, es decir, deberá abstenerse de realizar cualquier comentario que dañe la dignidad, integridad o libertad de la regidora Camarena, a quien trató de silenciar públicamente con frases como “anda muy acelerada”, “yo decido y no usted”, entre otras.

Se trata de un funcionario que ya tiene antecedentes por violencia de género y a pesar de haber recibido llamados públicos a tomar cursos de sensibilización, no los tomó y ha desestimado el tema. Esto fue condenado por la activista Ramos quien llamó a que se propongan reformas a la ley para tomar medidas más drásticas con representantes públicos que reincidan en estas conductas.

"Por finalmente se entiende que ese señor impugna esa resolución, a mí me parece que a estas alturas resulta vergonzoso que alguien como él siga impugnando, en tribunales y judicializando un caso que debería ya asumir su responsabilidad de haber cometido estos actos de violencia política, ya un tribunal se lo dijo y en lugar de acatar lo que se le está diciendo, sigue por el camino jurídico impugnando. Es su derecho, pero a estas alturas lo mínimo que debería tener vergüenza y reconocer la falta que cometió".

Guadalupe Ramos planteó que los procesos para sancionar la violencia política de género no  deberían ser exclusivos de los tribunales donde los procesos son largos, sino también de organismos que faciliten el acceso a la justicia para las mujeres que permitan avanzar en la erradicación de la violencia de género.