Guadalajara, Jalisco.

Luego de que el Gobierno de Jalisco presentara el plan de reforzamiento para la búsqueda de personas desaparecidas y colectivos señalaran que se les excluyó de la presentación de dicha estrategia, Juan Carlos Benítez Suárez, responsable del área de personas desaparecidas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), lamentó que no se tuviera la participación ni la socialización con familiares y colectivos de personas desaparecidas.

Esto a pesar de que la Ley General de Víctimas establece la obligación del Estado sobre la participación conjunta con familiares de personas desaparecidas para el diseño, implementación y evaluación de las acciones de búsqueda. E incluso, fue uno de los puntos recomendatorios dentro del Informe Anual de 2021 de la CEDHJ dirigido al poder Ejecutivo.

“Garantizar a los colectivos y familiares de personas desaparecidas el principio de participación conjunta en los procesos de creación de políticas públicas para la prevención y atención en materia de desaparición de personas”.

Si bien, Juan Carlos Benítez reconoció que el planteamiento por parte del gobierno representa grandes avances para el mejoramiento de atención a las víctimas directas e indirectas de desaparición, aún faltan esfuerzos por aumentar la confianza en las autoridades y la procuración de sus deberes, un indicador del número de quejas que han presentado ante la CEDHJ.

De acuerdo con datos de la CEDHJ, en 2020 se presentaron 109 quejas más 125 quejas oficiosas por la falta de cumplimiento a los deberes de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. En 2021 se registraron 186 quejas, y 86 lo que va de este año en curso.

Agregó que confía en que las autoridades continúen analizando los puntos recomendatorios emitidos, sobre todo el de garantizar la participación conjunta de las familias, así como la asignación de presupuestos suficientes para las autoridades especializadas en la materia.